FUNCIONARIOS NO IDÓNEOS
La profundización de la crisis que se viene dando en el servicio exterior de la República de Panamá ha tocado fondo. Su origen, entre otros aspectos, obedece a que los diversos gobiernos han institucionalizado un sistema de designación fundado en los favores políticos, familiares, de negocios de amigos o, totalmente, al margen de la profesionalización y el reconocimiento de quienes se forman académicamente en las aulas de la Universidad de Panamá y de otras universidades prestigiosas para desempeñar tales funciones.
Las últimas actuaciones de nuestros representantes en el extranjero (que hemos visto a través de los medios de comunicación), al igual que otras que se han querido mantener en un silencio cómplice por parte de quienes regentan el Ministerio de Relaciones Exteriores, sitúan al Estado y a la Nación panameña en el centro de comentarios: bufonadas, burla, desprestigio, rechazo y en el hazmerreír de la comunidad internacional.
La Escuela y el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá expresan, por este medio, que ninguno de los funcionarios que han protagonizado los bochornosos actos conocidos son egresados de la carrera de licenciado en relaciones internacionales que se imparte en este centro de estudios superiores, ni siquiera en calidad de estudiantes han pasado por este claustro universitario.
Ciertamente, la norma constitucional alude que dentro de las responsabilidades que ejerce el Presidente de la República, con la participación del ministro respectivo, está “dirigir las relaciones exteriores...”, acreditar y recibir agentes diplomáticos y consulares y “conforme a los principios del sistema de méritos”.
Lo absurdo, contradictorio y tragicómico de lo anterior es que mientras a los egresados de la licenciatura en la Universidad de Panamá se les somete a un concurso para ingresar como secretarios de tercera categoría al sistema, son otros los méritos y concursos que se le exigen a quienes, antes y ahora, ocupan diversos cargos; es decir, méritos y concursos de índole politiquero.
Deploramos que los personajes aludidos continúen representando al Estado panameño y que las autoridades pretendan justificar sus actuaciones con premisas fuera de toda lógica y seriedad administrativa.
Artículo español dice que Afú seguía Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares
Deivis Eliecer Cerrud
"¡POBRE cónsul de Panamá; años de estudios y buen hacer cuestionados por disfrazarse en el carnaval de Canarias!" Así inicia la residente en Gran Canaria, María Del Pino Fuentes de Armas, un extenso artículo en la sección "Criterios" del diario español El Día, desde donde asegura que el excónsul panameño Ítalo Giovanni Afú no viola normas para ser sacado del puesto.
La canaria Fuentes de Armas, sin señalar a la Cancillería panameña, jefa del cuerpo diplomático, expresa que el Convenio de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares dice que "las oficinas consulares tienen entre sus atribuciones las de fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales, científicas y amistosas entre el Estado que envía y el receptor".
"Por tanto, Ítalo Afú estaba cumpliendo con su deber, se estaba relacionando ulturalmente con la fiesta del carnaval", sostiene la titulada Superior en Relaciones Institucionales y Protocolo.
El artículo titulado "El error de Ítalo G. Afú", cuya fecha de publicación fue el lunes 4 de abril, resalta que en Canarias no dan crédito a la "inédita polémica... a la lluvia de improperios tanto de la prensa escrita como de los diarios digitales, y centramos su origen en una mera instrumentación política".
Fuentes de Armas escribió que "marcarse una rumba, tomar un par de copas y reírse de uno mismo en el contexto de una fiesta de carnaval no pueden ser considerados una provocación a las buenas maneras".
"Mal va la dignidad de Panamá si depende de un traje rosa, un ligero y unos morritos pintados. Así que habría que haberle dado un voto de confianza a este representante consular y no haber convertido una mera anécdota en un asunto de Estado", concluye el artículo.
¿Cómo informó la Embajada en España?
La Embajada panameña en España, a cargo de Álvaro Tomas, mediante un comunicado diferente al de la Cancillería, divulgado en la página web, dijo que Afú no cumplió el código de conducta.
"La Embajada de Panamá en el Reino de España informa que el Gobierno Nacional de la República de Panamá aceptó la renuncia del cónsul... ya que considera que éste incumplió con el código de conducta de los funcionarios públicos adscritos al servicio exterior quienes deben representar, en todo momento, al país con la seriedad y el decoro que el cargo amerita", dice el documento.
"Las costumbres carnestoléndicas del hermano pueblo de Las Canarias en ningún momento fueron objeto de críticas por parte del gobierno panameño y lamentamos que algunos sectores de nuestra sociedad hayan teñido con ribetes homofóbicos la participación del cónsul Afú en los carnavales canarios", expresa la Embajada.
El excónsul panameño en las Islas Canarias se vio envuelto en un escándalo por unas fotografías vestido de mujer en el Entierro de la Sardina, la despedida del carnaval en la capital grancanaria el 5 de marzo.
TRANSPARENCIA, SECRETOS DE ESTADO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
‘Los mandatarios casi siempre mienten’: Ellsberg
Si solo uno de los tantos funcionarios que sabían la verdad sobre Irak hubiera filtrado información, se habrían salvado muchas vidas
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harvard. Fernando Berguido, director de ‘La Prensa’; Jennifer Eccleston, de ‘CNN’, y Daniel Ellsberg ESPECIAL PARA LA PRENSA/Nieman Foundation |
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Daniel Ellsberg ESPECIAL PARA LA PRENSA/Nieman Foundation |
fberguido@prensa.com
Henry Kissinger lo acusó de ser “el hombre más peligroso de América”. No era para menos: al difundir lo que encontró, los estadounidenses conocieron una de las historias más horripilantes sobre la guerra de Vietnam, y quedaron en evidencia las mentiras con las que cuatro gobiernos seguidos los engañaron.
“Los papeles del Pentágono” –nombre con el que también se conoce una de las decisiones judiciales más importantes sobre libertad de prensa y el derecho a la información– sirven de fondo al debate encendido 40 años después por los cables difundidos por Wikileaks alrededor del mundo: transparencia versus los supuestos secretos de Estado.
Su protagonista principal, Daniel Ellsberg, cumple hoy 80 años.
Alto, elegante, intenso, ágil, alerta. Llega puntual y se queda hasta que se agoten las preguntas.
Solamente su protagonismo e interminable fuente de anécdotas –tanto al servicio del Gobierno por décadas como combatiendo sus abusos por igual tiempo– delatan su edad.
La Facultad de Derecho de Harvard lo invitó a hablar de Wikileaks, de su fundador, Julian Assange, y del caso de Bradley Manning, aquel suboficial encarcelado porque se le presume ser la fuente que dio a conocer videos que captaban torturas contra civiles iraquíes y que luego copió los 260 mil cables confidenciales que hace meses reproducen los periódicos en el mundo.
Después almorzó en la Fundación Nieman. Así nos enteramos de que el mes pasado había estado detenido, dos veces, por participar en protestas en contra de la detención de Manning.
Para Ellsberg es un asunto de principios: “Por ejemplo, aún no entiendo como nadie tuvo la valentía [hace 10 años] de filtrar información para evitar la guerra de Irak, la cual sabemos se justificó en base a mentiras”.
“Lo sorprendente es cuánta gente sabe de secretos e irregularidades, y se queda callada. Muchas personas guardan silencio por miedo a ser marginadas. Muchos saben que están participando en algo incorrecto, pero siguen callados pensando que algún día abrirán la boca…pero ese momento usualmente nunca llega”.
Y lo dice alguien que conoce bien de lo que habla. Le tomó años convencerse de que no podía seguir callando ante tanto engaño. Y se jugó la vida cuando los remordimientos vencieron el temor.
Una mente brillante
En 1964 Robert McNamara, el secretario de Defensa de los presidentes John F. Kennedy y Lyndon Johnson, lo contrató como parte de un grupo de jóvenes que le ayudaría a formular políticas estratégicas.
Ya para entonces, Ellsberg se había graduado Magna cum laude de Harvard, continuado con una beca en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, para luego enlistarse como infante de marina para Vietnam, graduándose como oficial con el primer puesto. Luego de dos años en Vietnam, volvió por su doctorado en Harvard (uno de sus teoremas es conocido por los economistas como el “Ellsberg Paradox”).
Ya para 1967 los resultados militares en Indochina eran desastrosos.
Aun así, Estados Unidos continuaba enviando más tropas bajo la premisa de que pronto ganaría la guerra.
McNamara ordenó entonces un estudio secreto para saber cómo y por qué su país había terminado metido en una guerra sin sentido y sin final.
Ellsberg fue uno de los escogidos para conducir el estudio. Cientos de cables secretos e informes de inteligencia demostraban cómo Estados Unidos había iniciado y financiado las hostilidades. Encontró pruebas de cómo durante los gobiernos de Truman, Eisenhower y Kennedy se le fue mintiendo descaradamente al pueblo. Tampoco eran ciertos los reportes que se daban a conocer sobre lo que realmente ocurría en el frente.
Cientos de estadounidenses eran enviados a pelear una guerra injusta, descabellada y sin el menor chance de triunfar, al tiempo que miles de vietnamitas morían diariamente en hostilidades iniciadas bajo premisas falsas.
Dentro de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y del Pentágono muchos lo sabían. Todos callaban.
La batalla más importante
Ellsberg pasó semanas fotocopiando el informe.
Eran 7 mil documentos. Todos con el sello de “top secret”. Una cadena interminable de mentiras.
Se reunió privadamente con senadores y congresistas para procurar detener la masacre. Nadie le hizo caso, hasta que uno finalmente le dijo: “si quieres que te pongan atención, dáselos a la prensa”.
Cuando los documentos fueron publicados, el gobierno de Nixon trató de detener su difusión a toda costa, además de iniciar un proceso judicial contra Ellsberg, cuya sentencia acarreaba 115 años de prisión.
Los medios de comunicación al final ganaron el caso. Una serie de errores le salvaron el pellejo a Ellsberg y no fue juzgado ni condenado. Desde entonces se dedica a luchar por la transparencia gubernamental, procurando que no se siga engañando a los pueblos. En fin, lucha por destapar la verdad de las mentiras.
En la actualidad le preocupa muchísimo que la administración Obama esté llevando a juicio a un número sin precedentes de personas que han tenido el coraje de hablar. Y le inquieta más que se apruebe legislación –nunca antes considerada en el Congreso– que penalizaría ciertas conductas que favorecen la opacidad en los actos oficiales y, sobre todo, los abusos de poder.
¿Por qué callar cuando se viola la ley?
¿Conoce a Julian Assange?
Sí, estuve con él en octubre del año pasado, unos cuatro días. La primera vez que me contactó, no le creí, pensé que era una trampa que me tendía la CIA. Es un tipo muy inteligente, muy serio, puede tener sus obsesiones… como también las tengo yo.
¿Y sobre su situación legal, su detención?
No voy a emitir juicio porque no estoy en capacidad de hacerlo. Solo puedo decir que dudo de que en Suecia se procese a otro por los mismos cargos que se le imputan a él.
¿Y sobre lo que hace a través de Wikileaks? En otras palabras, ¿“todo debe ser público”?
Tengo una alta estima por lo que hace. Ni él ni yo consideramos que todo, absolutamente todo, debe ser público. Por supuesto que hay límites. Hay temas altamente sensitivos que deben mantenerse reservados, como información nuclear, las comunicaciones estratégicas, la identidad de agentes secretos, ciertas opiniones que son personales y que nada tienen que ver con la agenda pública, así como la intimidad de los ciudadanos. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, si bien existen temas estratégicos sensitivos, no creo que estos deban a su vez mantenerse ocultos a los miembros del Congreso. De igual forma, no hay justificación para mantener en secreto a ningún funcionario ni empresario cuyos actos violan la ley, como tampoco encubrir la conducta de nuestros oficiales cuando torturan a detenidos, o cuando se miente para empezar una guerra o cuando se graba ilegalmente las conversaciones de los ciudadanos.
¿Y por qué tantos funcionarios se quedan callados, convirtiéndose en cómplices?
Los seres humanos temen ser marginados del grupo al que pertenecen, convertirse en parias. Normalmente aguantan cualquier cosa y pagan cualquier precio antes de denunciar la verdad y ser considerados “traidores” por su grupo. A mí me sigue sorprendiendo cuánta gente sabe que se están cometiendo ilegalidades, y se queda callada.
Pero, ¿usted supo por años lo que pasaba y guardó silencio?
Yo me opuse por años a que los funcionarios “filtraran” información a los medios. Me tomó casi una década hablar, “filtrar” por primera vez información. Hoy sé que estaba equivocado. Gracias a la prensa detuvimos una masacre, salvamos muchas vidas. No podía seguir viviendo, sabiendo que estábamos en una guerra en la que nunca debimos participar.
¿Cómo estamos hoy en comparación a 40 años atrás?
El Estado tiene hoy a su alcance un control inmenso sobre la vida de los ciudadanos. La tecnología permite saber lo que hacemos y decimos de una manera nunca antes vista. Sin embargo, no es lo mismo en cuanto a la transparencia con la que se conducen los gobiernos. ¿Cómo quedamos inmersos en una guerra en Irak cuando tantos funcionarios sabían que se fabricó en base a engaños? Se sabía que no había armas de destrucción masiva y que tampoco existían nexos entre Saddam Hussein y Osama bin Ladden.
¿Qué piensa del rol que juega la prensa en las democracias de hoy?
Actualmente la prensa es la mejor de todas las instituciones democráticas. Dicho eso, hacen un trabajo mediocre.
Luego de haber sido declarado “el hombre más peligroso” de su país, de enfrentar un juicio, y de las amenazas a su vida, ¿valió la pena?
Por supuesto que sí. Pero fue muy decepcionante al principio. Justo después de la publicación y a pesar de toda la controversia, ocurrió lo impensable: vinieron los mayores bombardeos de Vietnam. Nixon fue reelegido abrumadoramente. Y lo más cínico de todo es que Nixon y Kissinger [republicanos] se dieron cuenta de que, al final, los documentos le hacían más daño a los gobiernos que le precedieron. Kissinger terminó, él mismo, filtrando a la prensa documentos clasificados como secretos que afectaban la reputación de los gobiernos demócratas anteriores.
¿Cuánto se miente desde el poder?
Casi siempre se miente. Darle a un mandatario el beneficio de la duda es un suicidio.
Concluida la entrevista me habló de Panamá. “¿Y Noriega?” –me preguntó. “Está en una prisión en París, acaba de terminar una condena y debe volver a Panamá en cualquier momento”, le contesté.
“Él tiene mucho que contar” –exclamó con una sonrisa. “Estoy esperando que nos hable sobre su relación con George Bush padre, con Cheney, con varios, él sabe mucho…”.
Los papeles del Pentágono
¿Qué eran los Pentagon Papers? La expresión tiene dos acepciones. La primera se refiere a los cientos de tomos que conforman el informe en sí. La segunda, al precedente legal.
En medio de la guerra de Vietnam, McNamara ordenó hacer un estudio independiente sobre Vietnam.
La Rand Corporation fue seleccionada y Ellsberg fue contratado para participar en él.
El estudio confirmaba lo que hasta entonces los estadounidenses ignoraban por completo: que su país había sido el agresor, que se había engañado al público desde la época del presidente Truman, pasando por Eisenhower, Kennedy y Johnson, en cuanto a las razones de la guerra, acerca de las cifras de muertos, sobre los bombardeos contra civiles y la cantidad de tropas americanas enviadas. Sobre todo, había comunicaciones internas en las que se sabía que Estados Unidos no solo estaba perdiendo la guerra, sino que no había posibilidad de ganarla. La verdad se les había ocultado al pueblo y al Congreso. Todos los presidentes y sus ministros lo sabían, pero seguían enviando tropas a la carnicería en que se había convertido el sureste de Asia.
Una vez The New York Times empezó a publicarlos, el Gobierno ordenó al periódico detener su divulgación por “razones de seguridad nacional”. El diario neoyorquino desafió la orden del Gobierno y continuó la publicación. El periódico “se la jugó” porque consideraba que ocultarles a sus lectores lo que ahora tenía en su poder, sería imperdonable, una estocada mortal a su credibilidad.
El Gobierno consiguió entonces una orden judicial para detener las rotativas, algo que nunca había ocurrido en los 137 años de historia del diario.
Mientras The Times recurría a la Corte Suprema de Justicia, Ellsberg le pasó los documentos al The Washington Post, quien empezó a publicarlos inmediatamente.
El Gobierno consiguió una segunda orden judicial para detener al Post. Entonces Ellsberg fue contactando a otros periódicos. Uno tras otro iban publicando parte de los “papeles” hasta que el Gobierno los censuraba. Al final, fueron 17 periódicos.
Para entonces había indignación en los estadounidenses al conocer semejante manipulación oficial.
La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir rápidamente. En lo que técnicamente se conoce como The New York Times Co. vs- United States (1971) dictaminó el levantamiento de las órdenes inferiores, permitiendo la publicación inmediata y total de los hasta entonces documentos “altamente secretos”.
“La prensa no se debe a los gobiernos, se debe al pueblo”, sentenció la Corte en este precedente que se estudia en todo el mundo como “Los papeles del Pentágono”.
VÍA RÁPIDA
Arrestan a asistente de bancada del PRD en Chilibre
PESQUISAS. La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) detuvo al asistente de la bancada del PRD en la Asamblea Nacional Omar Almanza, tras hallar 51 kilos de cocaína dentro del carro que conducía. Según reportes policiales, Almanza fue detenido en un retén en Chilibre durante una operación de seguimiento, y luego fue llevado a la DIJ para seguir con las investigaciones. El PRD emitió un comunicado en el que pide que se le den las garantías de defensa a Almanza durante la investigación.JUAN MANUEL DÍAZ C.
Tres ex defensores del Pueblo que antecedieron en el cargo a la actual titular, Patria Portugal, advirtieron de la posible falta de profesionalización en la entidad tras los recientes despidos de personal especializado en derechos humanos.
Ítalo Antinori, Juan Antonio Tejada y Ricardo Vargas pidieron a Portugal evaluar el personal antes de ordenar los despidos.
POLÉMICA EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Portugal enfrenta a antecesores
Ex defensores advierten sobre la posible falta de profesionalización de la entidad, tras los despidos de personal especializado.
emendoza@prensa.com
Las primeras acciones y declaraciones de Patria Portugal como defensora del Pueblo han generado polémica.
En su primer día despidió a funcionarios de la Defensoría, incluyendo a personal especializado en derechos humanos (ver tabla).
Durante su segundo día salió a justificar los despidos
“Hemos encontrado funcionarios que han pelechado, desangrado y vivido de la institución”, dijo
Ante estas denuncias, y según el artículo 1996 del Código Judicial, el abogado Miguel Antonio Bernal señaló que como funcionaria, Portugal está en la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente estas supuestas irregularidades, siempre que las acompañe de las pruebas respectivas.
Según este artículo, “todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha cometido un delito de aquello que deba procederse de oficio, pasará o promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes y lo denunciará ante la autoridad competente , para que se proceda al juzgamiento del culpable o culpables”.
Bernal instó a la defensora a que asista al Ministerio Público a interponer las denuncias, acompañadas de las pruebas de estos hechos.
Mientras, Portugal explicó su actuación: “Aquí hay quienes tienen doctorado, han pasado su vida estudiando en España, con licencia con sueldo, becas, y cuando les preguntan que han hecho por la institución, responden que tramitan pasaportes y coordinan viajes”, dijo.
Según la defensora, los despedidos eran funcionarios de libre nombramiento y remoción, por lo que ella tenía facultad para cesarlos.
También denunció que la institución está llena de padrinos políticos, que protegen a los funcionarios.
Portugal se quejó del presupuesto que le dejó su antecesor Ricardo Vargas. Indicó que solo tiene disponibles 400 mil dólares para su gestión, de un presupuesto de 3.8 millones de dólares asignados en 2011.
Vargas se defiende
El ex defensor saliente Ricardo Vargas aseguró que el personal de confianza salió con él, el día que entregó el puesto el pasado 1 de abril a Portugal, por lo que no quedaba nadie de libre nombramiento y remoción.
El ex defensor le recomendó a Portugal que antes de ordenar los despidos debe evaluar al personal, porque hay muchos especialistas en derechos humanos que han sido entrenados por organismos y universidades.
En ese aspecto, lamentó el despido de Edda Rocío Dutary, directora de Relaciones Internacionales, quien, asegura, es una experta en el tema de derechos humanos y además es fundadora de la Defensoría del Pueblo.
Vargas negó que haya manejado políticamente la Defensoría.
“Estos son argumentos totalmente infundados. Pueden preguntarle a los empleados si yo contraté a alguien por alguna filiación política”, expresó.
Sobre el presupuesto, explicó que Portugal desconoce que a la Defensoría se le asignan las partidas por mes, “por lo que no se puede gastar lo que aún no se tiene”.
Tejada y Antinori
Juan Antonio Tejada rechazó las declaraciones de Portugal, en el sentido de que haya manejado políticamente la entidad.
Dijo que no quiere polemizar con Portugal y prefiere sugerirle que “tome su tiempo y que evalúe al personal, para no caer en injusticias o en la desprofesionalización de la entidad”.
Por su parte, Ítalo Antinori, quien fungió como primer defensor, dijo que la entidad perdió mucho con el despido de personal especializado en derechos humanos.
Al igual que Tejada, recomendó a Portugal evaluar al personal especializado antes de ordenar despidos.
Antinori reconoció que le gustó la actuación de Portugal en el hospital Santo Tomás, cuando durante su primer día de trabajo protagonizó un incidente al pretender ingresar para conocer la condición de los reclusos que resultaron heridos en una reyerta en La Joyita, el pasado viernes. “Me recordó mis tiempos. Ella necesita ayuda y asesoramiento”.
El ex defensor también se ofreció como asesor Ad honórem de Portugal.
Ex dictador Noriega reclama propiedades confiscadas
El militar, preso en Francia, asegura que sus propiedades y las de su familia fueron compradas con préstamos que recibió antes de llegar al poder.
SUBASTA. Nadie se ha inscrito para la subasta de la residencia principal de Noriega, en Altos del Golf. LA PRENSA/Archivo |
panorama@prensa.com
El ex dictador Manuel Antonio Noriega, de 77 años, no solo enfrenta una batalla legal para ser extraditado desde Francia, donde cumple una condena de siete años por blanqueo de capitales, sino que también se ha empeñado en recuperar 12 fincas que le fueron confiscadas a él y a su familia en Panamá desde 1996.
Así lo confirmó uno de los abogados de Noriega en el país, Julio Berríos, quien detalló que desde ayer dio inicio a la presentación de una serie recursos de revisión de los casos en los que fueron incautadas esas propiedades, valoradas, según él, en más de 10 millones de dólares.
Agregó que el primero de esos recursos, a nombre de Noriega, fue presentado ante la Corte Suprema, y que ahora prepara dos más, uno en representación de Felicidad Sieiro de Noriega y otro como apoderado de la sociedad Lorsanta, que representa a las hijas del militar: Lorena, Sandra y Thays.
Las fincas, ubicadas en la capital, Coclé y Chiriquí fueron confiscadas por el Juzgado Cuarto Municipal de Panamá, en 1996, como pena accesoria a la condena de 12 meses de prisión y 65 días multa (3 mil 250 dólares) impuesta a Noriega por corrupción y a su esposa por aprovechamiento de objetos provenientes del delito.
Según Berríos, los recursos se sustentan en que las fincas fueron compradas y pagadas antes de que Noriega llegara al poder y, por tanto, no provenían de ninguna acción ilegal.
Precisó que la mayoría fue comprada con préstamos hipotecarios y de la Caja de Seguro Social cuando Noriega era capitán y laboraba en el Tránsito, en Chiriquí, y otras fueron obtenidas por la esposa como herencia.
Berríos dijo que en mayo de 2009 el Estado vendió a un canadiense, en 60 mil dólares, una finca situada en Gorgona, que había sido comprada por la esposa del militar en abril de 1981. No se les notificó del remate.
Además, indicó que en 2010 les fue devuelta otra de las fincas, que estaba a nombre de Sandra Noriega, localizada en Cerro Punta, Chiriquí.
De igual forma calificó como ilegal el remate que el Estado pretendía hacer, el próximo 11 de abril, de dos casas ubicadas en Altos de Golf, en la capital.
Dijo que una de esas propiedades es la residencia principal de Noriega y fue comprada por este en 1973 con un préstamo de 30 mil dólares de la CSS. La otra, en cambio, es una casa que compró el padre del ex esposo de Sandra.
Casualmente, ayer venció el plazo para la inscripción de los interesados en comprar esa casa de Noriega en Altos del Golf, que sería subastada el 11 de este mes; sin embargo, no hubo proponentes, según confirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Dicho proceso tendrá que ser declarado desierto y el MEF deberá ahora convocar a una segunda subasta.
AUMENTA EL COSTO DE VIVIR EN PANAMÁ
Gasolina golpea economía personal
El alza del combustible registrado en el último trimestre impactará el precio de los alimentos, el transporte y todos los productos derivados del petróleo.
atejera@prensa.com
La economía doméstica siente la “furia” de los precios del petróleo. A partir del sábado en las gasolineras de la capital el galón de 95 octanos se venderá a $4.23. En Changuinola, Bocas del Toro, costará $4.42. Esto impactará el costo de los alimentos, el transporte y la energía.
Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas, reconoció ayer que es evidente que se tendrán que revisar las previsiones de inflación, al igual que las de crecimiento económico.
La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. “En el plan estratégico del Gobierno se había fijado una inflación del 3%, sin embargo, la tendencia en el alza del petróleo en los últimos seis meses les ha llevado a incrementar esta proyección al 4% y hasta el 5%”, reveló el ministro.
Un indicador que retrata lo que estaría por venir es el precio de la canasta básica familiar. En febrero de 2011 los productos elementales que se consumen en Panamá costaban $285.77. Un año atrás, para esa misma fecha, los mismos artículos costaban $271.39.
Esto significa que una persona que en la capital gana $416 como salario mínimo, solo tiene disponible $131 para pagar sus cuentas.
“La inflación que importamos está fuera de nuestro control y por ello el país cuenta con ciertos blindajes para proteger a los sectores más vulnerables”, dijo Vallarino, quien se refiere a los subsidios del tanque de gas de 25 libras y la tarifa de energía a los que consumen menos de 500 kilovatios.
Estos subsidios, asumidos por el Estado, dieron como resultado un gasto de $92.6 millones, lo que también refleja el golpe para las finanzas públicas. Vallarino indicó que el Gobierno vigilará que no se especule con el precio de los alimentos.
SE PROYECTAN ALZAS GENERALIZADAS
Precio del combustible impacta la economía
En los últimos seis meses el combustible ha reflejado una tendencia al alza. Impactará el precio de la energía, transporte y alimentación.
DESBALANCE. La canasta básica de alimentos costaba en febrero 14.38 dólares más que en igual periodo del año pasado. LA PRENSA/ David Mesa |
atejera@prensa.com
El incremento en el precio del combustible tiene un efecto cascada que finalmente recae sobre los consumidores.
El golpe inmediato se produce cuando se acude a las gasolineras. Llenar de combustible un auto con un tanque de 15 galones cuesta hoy 60 dólares, pero a partir del sábado llegará a 63 dólares en la ciudad capital. En el interior del país costaría hasta 67 dólares.
Las cosas se agravan cuando se va al supermercado y se adquieren productos cuyos precios han tenido que ajustarse a cuenta del precio del petróleo.
Producir una hectárea de papa en Chiriquí hace dos meses costaba 10 mil dólares, pero ahora subió a 12 mil 500 dólares.
De allí que la canasta básica de alimentos de febrero de 2011 fue más costosa que en igual periodo en 2010 por 14.38 dólares. Esto significa que los panameños pagan por los productos elementales 285.77 dólares, mientras que el salario mínimo está entre 357 y 416 dólares, dependiendo de la actividad en Colón y Panamá.
La proyección es que los precios sigan en escalada.
De acuerdo con los productores, las seis alzas en el precio de la gasolina y el diésel reportadas durante el primer trimestre de este año han encarecido en un 20% sus procesos, al incluir mayores costos por el abono, pesticidas y transporte.
Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas, reconoce que es evidente que se tendrán que revisar las previsiones de inflación, al igual que las de crecimiento económico del país.
A partir del sábado 9 de abril la gasolina de 95 octanos subirá 23 centésimos para fijarse el precio del galón en 4.23 dólares en la ciudad capital.
El galón de la gasolina de 91 octanos aumentará 21 centésimos, quedando en 4.02 dólares, mientras que el diésel liviano costará 3.72 dólares, para un incremento de 7 centésimos.
En tanto, el diésel libre de azufre aumentó 4 centésimos y el galón costará 3.81 dólares, según anunció la Secretaría Nacional de Energía.
Debilidad a la vista
Con relación a la inflación hay tres factores que observar, según el ministro: los precios del petróleo, los precios de los alimentos importados y un posible sobrecalentamiento de la economía, “del que aún estamos distantes”.
El precio de los alimentos importados influirá en contra de la economía de los locales. En estos momentos a otros países también les cuesta más dinero producir y Panamá es insuficiente en la actividad agrícola, por lo que debe importar productos como arroz, trigo, soja, maíz, harina, cebolla, papa, poroto y lenteja, los que se comprarán a precios más altos.
En los últimos cinco años en el país se han dejado de cultivar unas 35 mil hectáreas, principalmente en cultivos como arroz y maíz.
Por ello, Vallarino expresó que ahora más que nunca vuelve a cobrar vigencia la urgente necesidad de aumentar la producción nacional a través de mayor productividad de las áreas de bajo cultivo.
Raúl Moreira, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, asegura que se debe disminuir el precio del impuesto del diésel para bajar el impacto del precio del petróleo, que ayer cerró en 108.67 dólares.
Este incremento en el precio del petróleo, a juicio del economista, es coyuntural y volverá a disminuir. Sin embargo, reconoce que cuando los alimentos suben de precio no bajan con tanta facilidad.
Para Felipe Chapman, socio director de Indesa, el alza en el precio del petróleo tiene dos efectos en la economía del país. Hará que el Canal de Panamá sea más competitivo en comparación con las rutas de costa a costa en Estados Unidos. No obstante, se encarecerá el transporte local, la energía y todos los productos en los cuales se utiliza combustible.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, entidad que revisa cada semestre las tarifas eléctricas, prevé un aumento en el costo de la energía.
Aunque el Gobierno busca el mecanismo para evitar que los consumidores que gastan hasta 500 kilovatios al mes no se vean afectados, otorgando subsidios, las empresas e industrias que consumen por encima de esta cantidad siempre se verán perjudicadas.
Los consumidores deberán asumir medidas de ahorro.
En tanto, el Gobierno informó que instalará la comisión de salario mínimo para analizar un nuevo rango a partir de enero de 2012.
PANORAMA |
ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONDENA SALIDA DE PANAMÁ DE PACO GÓMEZ Y PILAR CHATO
HRF dirige carta a Martinelli y pide regreso de activistas
‘CNN’ en español abordó el tema de la libertad de expresión en Panamá y cuestionó el caso de los dos periodistas españoles de la HREV.
REGISTRO. Los periodistas Paco Gómez Nadal y Pilar Chato (esta última de espalda) fueron arrestados el pasado 26 de febrero y el 28 del mismo mes salieron del país. LA PRENSA/Archivo |
rluna@prensa.com
En una carta enviada al presidente, Ricardo Martinelli, la Human Rights Foundation (HRF) pidió el retorno inmediato a Panamá de los activistas y periodistas españoles Paco Gómez Nadal y Pilar Chato, miembros de la Human Rights Everywhere (HREV), cuya salida del país en febrero pasado calificó como una expulsión arbitraria y violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La carta, suscrita ayer por el presidente y por el director jurídico de la HRF, Thor Halvorssen y Javier El-Hage, respectivamente, también fue enviada a una veintena de organizaciones que velan por la libertad de expresión y los derechos humanos (Freedom House, Human Rights Watch, Sociedad Interamericana de Prensa, Relatoría por la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, entre otras).
Según la misiva, contrario a las versiones oficiales, incluyendo las del propio Martinelli, los periodistas españoles no fueron sorprendidos cuando incitaban a la violencia a grupos indígenas que protestaban en la plaza 5 de Mayo contra las reformas al Código de Recursos Minerales, sino que fueron detenidos arbitrariamente cuando monitoreaban esa concentración de manera legítima y debidamente identificados como miembros de la HREV.
“De acuerdo con los hechos analizados detalladamente por la HRF en su informe, las medidas de detención, arresto, amonestación verbal y detención indefinida sujeta a deportación de Gómez Nadal y Pilar Chato se produjeron de manera arbitraria y fueron consecuencia directa del ejercicio de actividades legítimas de defensa de los derechos humanos. El 26 de febrero Gómez Nadal y Pilar Chato estaban realizando actividades legítimas de monitoreo de una protesta a cargo de miembros del pueblo Ngäbe Buglé, y se encontraban identificados claramente como representantes de HREV”, dice la misiva, que se sustenta en un informe jurídico elaborado por la organización.
Detalla que, luego de ser detenidos junto con los manifestantes, el 26 de febrero pasado, Gómez Nadal y Chato permanecieron encarcelados más de 48 horas en tres diferentes reclusorios, para luego ser expulsados.
“El 27 de febrero, el Servicio Nacional de Migración (SNM) emitió dos resoluciones ordenando la detención indefinida sujeta a la deportación de los afectados. El 28 de febrero, Paco Gómez Nadal y Pilar Chato optaron por ‘aceptar’ la ‘repatriación voluntaria’ propuesta por el SNM, dado que, bajo esas circunstancias, su única alternativa real era permanecer presos indefinidamente y, luego, ser deportados. La HRF considera que una ‘repatriación voluntaria’, 12 horas después de haber sido notificados con una orden de detención indefinida, sujeta a una decisión futura de deportación a discreción de la misma autoridad, es equivalente a una expulsión”, añade la misiva.
En la carta, la HRF recordó al Presidente que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22.6) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 13), ambos tratados suscritos por Panamá, establecen que el extranjero que se encuentra legalmente en el territorio de un Estado no puede ser expulsado sin un debido proceso”.
Más allá, la organización, creada en 2005 y con sede en Nueva York, resalta que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica –instrumentos inherentes a los derechos humanos en general y a la libertad de expresión en particular– protegen el ejercicio del periodismo crítico e independiente por parte de extranjeros, como el caso de Gómez Nadal y Chato.
La HRF también cita la Declaración de la ONU respecto de los defensores de los derechos humanos y advierte que estos tienen derecho a “recabar, obtener, recibir y poseer información […] a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos, […] así como a señalar a la atención del público esas cuestiones”.
“El acoso de julio de 2010 así como el arresto, detención y expulsión arbitraria de Paco Gómez Nadal y Pilar Chato constituyeron medios indirectos para restringir su libertad de expresión, y no solamente restringieron los derechos de Gómez Nadal, Pilar Chato y HREV a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectaron también el derecho de todos los ciudadanos panameños a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática”, agrega.
En la carta dirigida a Martinelli, la organización cita finalmente pronunciamientos de Reporteros Sin Fronteras, en cuya escala de respeto a la libertad de expresión Panamá descendió en 2010 del puesto 55 al 81; y de la Sociedad Interamericana de la Prensa, que en su asamblea general de 2010 afirmó que “en el último semestre, la libertad de prensa se vio amenazada por acciones de instituciones del Gobierno”.
“Los abusos cometidos por el Gobierno panameño contra estos dos periodistas y defensores de derechos humanos extranjeros son inadmisibles en una democracia [...] Paco Gómez Nadal y Pilar Chato no fueron solamente detenidos y expulsados arbitrariamente de Panamá, sino que la propia Presidencia de la República orquestó una vergonzosa campaña de desprestigio típica de una maquinaria propagandística antidemocrática”, dijo Halvorssen en un comunicado de prensa difundido ayer por la HRF.
Tras el arresto de Gómez Nadal en febrero pasado, y luego de su salida del país, tanto el presidente Martinelli como el ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, indicaron que el periodista español estaba ilegal en el país desde 2010.
El canal CNN en español dedicó un programa al tema de la libertad de expresión en Panamá la noche de este lunes, en el que fue abordado y cuestionado este caso.
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