PETICIÓN
‘Auditorías judiciales sólo operan con los funcionarios activos’, magistrado Salas
EYRA RODRÍGUEZ
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| Magistrado Aníbal Salas Foto: Archivo | La Estrella |
sábado, 2 de abril de 2011
EEUU ignoró complot contra Martinelli
EEUU ignoró complot contra Martinelli
NICANOR ALVARADO DIXON
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| Ricardo Martinelli. Foto: Archivo | La Estrella |
2011-02-04 PANAMÁ. Autoridades de Estados Unidos tenían informes de un supuesto complot del gobierno venezolano contra el presidente panameño, Ricardo Martinelli, pero ‘hizo poco por investigar’. Martinelli remitió ayer a varios medios un artículo del ex embajador de EEUU ante la OEA y ex secretario adjunto de Estado, Roger Noriega, publicado en el diario The American el pasado 30 de marzo, en el cual el ex diplomático hace duras críticas a los funcionarios de Estados Unidos por desestimar las amenazas.
EL PLAN PAMAGO
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
José Almengor, cuatro crisis para el Gobierno
NICANOR ALVARADO/ ZELIDETH CORTEZ
En 4 de los 6 apuros más enconados por las que ha pasado la gestión Martinelli en sus 21 meses, el ahora magistrado de la Corte Suprema ha sido el factor común de los problemas
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| La primera crisis se desató cuando José Abel Almengor fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en diciembre de 2009. Foto: Archivo | La Estrella |
2011-02-04 PANAMÁ. La crisis actual por la que atraviesa el sistema de justicia panameño se ha visto cada vez más minada, desde los cimientos del Órgano Judicial, por los escándalos de supuesta corrupción.
Así lo han dejado ver tanto analistas como ex integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras el más reciente escándalo sobre la existencia de un grupo que supuestamente conspiró para sacar a la ex procuradora de la Nación de su cargo, y en la que se vincula al magistrado José Abel Almengor.
Sin embargo, PAMAGO (Perseguidos por Ana Matilde Gómez), como se llamó la agrupación, es apenas la punta del ice berg de los problemas de Almengor. De seis crisis por las que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha pasado en sus 21 meses de gestión, cuatro han sido de la mano del magistrado, y todas ellas comprometen al Órgano Judicial.
Por ello —enfatiza Miguel Antonio Bernal—, es necesario la dimisión de Almengor. ‘Hay una situación extremadamente perjudicial y él debe renunciar porque es como un tumor en el cuerpo... No es el primer escándalo en el que se ha visto envuelto’, agregó.
El abogado Sidney Sittón, opositor a la designación de Almengor como magistrado, sostiene que aún con ese panorama, él no saldrá de la CSJ ‘porque es el protegido del presidente’.
Entonces, dijo el analista político José Isabel Blandón en una reciente emisión del programa Debate Abierto, que ‘Martinelli está enfrentando las consecuencias de la designación que le hizo a José Abel Almengor como magistrado de la Corte Suprema’.
PRIMERA CRISIS: EL NOMBRAMIENTO
Almengor renunció al Ministerio Público en mayo de 2009, entidad en la que ejercía como fiscal de Drogas y en donde tenía al menos 35 procesos disciplinarios y uno penal.
Tras su salida, pasó a la Secretaría de Seguridad, una oficina creada justo con la llegada de Martinelli al poder y que prácticamente desapareció cinco meses después, cuando Almengor fue designado como magistrado de la CSJ, pese a que no había sido recomendado por la comisión que el propio presidente integró para revisar las postulaciones.
La designación empezó a abrir grietas en la relación entre el Ejecutivo y la sociedad civil organizada, que se oponía al nombramiento, por considerar a Almengor como una allegado y ‘ungido’ de Martinelli.
‘Desde mucho antes que el presidente asumiera el cargo, Almengor ya sabía el puesto que le esperaba’, expone Bernal al respecto.
OTRO AVATAR
El nombre de Almengor volvió a relacionarse con controversias del Ejecutivo, dos meses después, cuando la entonces procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, fue separada para investigación, por interceptaciones telefónicas a un fiscal.
Aunque el magistrado se declaró impedido por haber sido subalterno de Gómez en el MP, hay versiones que aseguran que estuvo presente en la reunión del pleno que decidió iniciar el proceso a la ex procuradora.
Frente a la posterior destitución de Gómez, grupos de la sociedad civil organizada y partidos políticos de oposición cuestionaron la decisión de la Corte, alegando que una vez más hubo injerencia del Ejecutivo en los estamentos de justicia.
LA NARCO AVIONETA
Giuseppe Bonissi entró a suplantar en el cargo a Gómez, en febrero del año pasado. Diez meses después salió del MP, en medio de otro escándalo de corrupción por la liberación de varias personas investigadas por el trasiego de drogas en una ‘narco avioneta’ en la región de Azuero.
En medio de la situación, Eva Lorentz, ex jefa de Recursos Humanos de la Procuraduría de la Nación, señaló que Almengor no ‘superaba su época como fiscal’ porque aún desde su cargo en el Órgano Judicial daba órdenes a los fiscales.
EL PLAN PAMAGO
La última crisis se desató tras las revelaciones de la ex jueza Zulay Rodríguez, publicadas en La Estrella, en las que asegura que Almengor participó, planificó y ejecutó la conspiración que llevó a la salida de Gómez de la Procuraduría de la Nación.
Según Rdríguez, las reuniones de PAMAGO se efectuaron en la Secretaría de Comunicaciones del Estado y en el restaurante Jade. En los encuentros, Almengor enviaba mensajes de texto por celular a Martinelli, para informarle cada paso que se daba.
El escándalo provocó la dimisión de Ítalo Antinori (quien también perteneció a PAMAGO), y que la sociedad civil empezara un pulseo por la separación de Almengor. Hoy reposan en la Asamblea seis denuncias contra el magistrado, por ‘extralimitación en el ejercicio de sus funciones’, tres de ellas interpuestas ayer ante la Comisión de Credenciales por Jorge Zúñiga y Humberto Serrano —a título personal— y por Taira Barsallo, en representación de la Asociación Nacional de Abogadas.
Aún así, hay quienes creen que por el supuesto respaldo que Martinelli le da a Almengor, nada le ocurrirá.
‘De nada sirven las denuncias que se presentaron en la Asamblea porque el Órgano Legislativo no tiene independencia pues ellos están actuando como un ente político Caimán no come caimán’, dice Miguel Antonio Bernal.
Eso, manifiesta Sidney Sittón dependerá de la decisión que tome el Ejecutivo. ‘Es improbable la admisión de la demanda, salvo que ellos se lo indiquen a la Asamblea, que es un ente eminentemente político, dependiente del Ejecutivo’, manifestó.
Mas allá, el vicepresidente del opositor Partido Popular, Aníbal Culiolis, cree que si el magistrado Almengor no se separa del cargo, la opinión pública lo condenará.
Así lo han dejado ver tanto analistas como ex integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras el más reciente escándalo sobre la existencia de un grupo que supuestamente conspiró para sacar a la ex procuradora de la Nación de su cargo, y en la que se vincula al magistrado José Abel Almengor.
Sin embargo, PAMAGO (Perseguidos por Ana Matilde Gómez), como se llamó la agrupación, es apenas la punta del ice berg de los problemas de Almengor. De seis crisis por las que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha pasado en sus 21 meses de gestión, cuatro han sido de la mano del magistrado, y todas ellas comprometen al Órgano Judicial.
Por ello —enfatiza Miguel Antonio Bernal—, es necesario la dimisión de Almengor. ‘Hay una situación extremadamente perjudicial y él debe renunciar porque es como un tumor en el cuerpo... No es el primer escándalo en el que se ha visto envuelto’, agregó.
El abogado Sidney Sittón, opositor a la designación de Almengor como magistrado, sostiene que aún con ese panorama, él no saldrá de la CSJ ‘porque es el protegido del presidente’.
Entonces, dijo el analista político José Isabel Blandón en una reciente emisión del programa Debate Abierto, que ‘Martinelli está enfrentando las consecuencias de la designación que le hizo a José Abel Almengor como magistrado de la Corte Suprema’.
PRIMERA CRISIS: EL NOMBRAMIENTO
Almengor renunció al Ministerio Público en mayo de 2009, entidad en la que ejercía como fiscal de Drogas y en donde tenía al menos 35 procesos disciplinarios y uno penal.
Tras su salida, pasó a la Secretaría de Seguridad, una oficina creada justo con la llegada de Martinelli al poder y que prácticamente desapareció cinco meses después, cuando Almengor fue designado como magistrado de la CSJ, pese a que no había sido recomendado por la comisión que el propio presidente integró para revisar las postulaciones.
La designación empezó a abrir grietas en la relación entre el Ejecutivo y la sociedad civil organizada, que se oponía al nombramiento, por considerar a Almengor como una allegado y ‘ungido’ de Martinelli.
‘Desde mucho antes que el presidente asumiera el cargo, Almengor ya sabía el puesto que le esperaba’, expone Bernal al respecto.
OTRO AVATAR
El nombre de Almengor volvió a relacionarse con controversias del Ejecutivo, dos meses después, cuando la entonces procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, fue separada para investigación, por interceptaciones telefónicas a un fiscal.
Aunque el magistrado se declaró impedido por haber sido subalterno de Gómez en el MP, hay versiones que aseguran que estuvo presente en la reunión del pleno que decidió iniciar el proceso a la ex procuradora.
Frente a la posterior destitución de Gómez, grupos de la sociedad civil organizada y partidos políticos de oposición cuestionaron la decisión de la Corte, alegando que una vez más hubo injerencia del Ejecutivo en los estamentos de justicia.
LA NARCO AVIONETA
Giuseppe Bonissi entró a suplantar en el cargo a Gómez, en febrero del año pasado. Diez meses después salió del MP, en medio de otro escándalo de corrupción por la liberación de varias personas investigadas por el trasiego de drogas en una ‘narco avioneta’ en la región de Azuero.
En medio de la situación, Eva Lorentz, ex jefa de Recursos Humanos de la Procuraduría de la Nación, señaló que Almengor no ‘superaba su época como fiscal’ porque aún desde su cargo en el Órgano Judicial daba órdenes a los fiscales.
EL PLAN PAMAGO
La última crisis se desató tras las revelaciones de la ex jueza Zulay Rodríguez, publicadas en La Estrella, en las que asegura que Almengor participó, planificó y ejecutó la conspiración que llevó a la salida de Gómez de la Procuraduría de la Nación.
Según Rdríguez, las reuniones de PAMAGO se efectuaron en la Secretaría de Comunicaciones del Estado y en el restaurante Jade. En los encuentros, Almengor enviaba mensajes de texto por celular a Martinelli, para informarle cada paso que se daba.
El escándalo provocó la dimisión de Ítalo Antinori (quien también perteneció a PAMAGO), y que la sociedad civil empezara un pulseo por la separación de Almengor. Hoy reposan en la Asamblea seis denuncias contra el magistrado, por ‘extralimitación en el ejercicio de sus funciones’, tres de ellas interpuestas ayer ante la Comisión de Credenciales por Jorge Zúñiga y Humberto Serrano —a título personal— y por Taira Barsallo, en representación de la Asociación Nacional de Abogadas.
Aún así, hay quienes creen que por el supuesto respaldo que Martinelli le da a Almengor, nada le ocurrirá.
‘De nada sirven las denuncias que se presentaron en la Asamblea porque el Órgano Legislativo no tiene independencia pues ellos están actuando como un ente político Caimán no come caimán’, dice Miguel Antonio Bernal.
Eso, manifiesta Sidney Sittón dependerá de la decisión que tome el Ejecutivo. ‘Es improbable la admisión de la demanda, salvo que ellos se lo indiquen a la Asamblea, que es un ente eminentemente político, dependiente del Ejecutivo’, manifestó.
Mas allá, el vicepresidente del opositor Partido Popular, Aníbal Culiolis, cree que si el magistrado Almengor no se separa del cargo, la opinión pública lo condenará.
CONTROVERSIA POR COMPLOT Poco hizo EEUU: Roger Noriega
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Poco hizo EEUU: Roger Noriega
NICANOR ALVARADO DIXON
Mientras el ex secretario de Estado Roger Noriega sostuvo que su país no tomó en serio la amenaza contra Martinelli, la ex embajadora Barbara Stephenson asegura, según cables, que Panamá rechazó ayuda gringa
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| Noriega, en su escrito en The American, critica al gobierno estadounidense por ‘hacer nada’ frente al complot. Foto: Tomada de American.com | La Estrella |
2011-02-04 PANAMÁ. Estados Unidos tenía conocimiento de un supuesto complot del presidente venezolano Hugo Chávez para asesinar a su homólogo panameño en 2009, Ricardo Martinelli, mas ‘hizo poco por investigar’.
Así lo plantea un
artículo del ex secretario adjunto de Estado de EEUU, Roger Noriega, fechado al 30 marzo, y remitido ayer por el propio presidente Martinelli a los medios.
En su escrito, Noriega sostiene que aun cuando la ex embajadora estadounidense Barbara Stephenson ‘confirmó al mandatario que no había encontrado ninguna evidencia de la trama’, el embajador panameño en Washington, Jaime Alemán, le aseguró que se habían capturado a tres sospechosos quienes ratificaron que Hugo Carvajal, director de la División de Inteligencia Militar venezolana ‘era el cerebro de la trama’ contra Martinelli.
El ex embajador de EEUU ante la OEA se ratifica al citar que dos de sus socios viajaron a Panamá pocos días después del 7 de enero de 2010, y a uno de ellos el entonces secretario del Consejo de Seguridad, Olmedo Alfaro, le permitió leer las declaraciones de los sospechosos.
Eso va en contravía del fallo que emitió en diciembre de 2010 el Juzgado Tercero Penal de San Miguelito, que dio sobreseimiento al puertorriqueño Isaac Polanco —ya expulsado del país—, al ex agente del Sistema de Protección Institucional, Benjamin Kennion; y su hermano Javier Kennion, al considerar que el secuestro fue inventado por Polanco, para luego obtener dinero de las autoridades policiales a cambio de información.
FUNCIONARIO SE QUEJABA POR ‘FALTA DE APOYO’
Sin embargo, Noriega agrega que sus socios le informaron que Alfaro se ‘quejaba’ de la embajada estadounidense, porque ‘la única respuesta’ que había recibido tras el descubrimiento del complot fue una llamada de un funcionario consular para que le entregase una copia del pasaporte de Polanco ‘para proteger su identidad como ciudadano de Estados Unidos’.
‘No sé si las quejas de Alfaro eran justas pero mi socio me dijo que el funcionario parecía desesperado por ayuda y realmente amargado porque la embajada de EE.UU. no daba un paso’, expone.
La información también contrasta con una filtración de WikiLeaks publicada por el diario Panamá América, que sostiene que Alfaro se negó a recibir ayuda estadounidense ante la amenaza de secuestro.
Noriega concluye en la publicación (disponible en el sitio american.com bajo el título ‘U.S. Diplomats Clueless on Alleged Chávez Plot to Kill the President of Panama’) que su país ‘nunca tomó en serio o nunca será capaz de hacerle frente a la creciente amenaza que significa Chávez’.
Este medio intentó conocer una reacción de la Embajada de Venezuela en Panamá sin lograr una respuesta.
Así lo plantea un
artículo del ex secretario adjunto de Estado de EEUU, Roger Noriega, fechado al 30 marzo, y remitido ayer por el propio presidente Martinelli a los medios.
En su escrito, Noriega sostiene que aun cuando la ex embajadora estadounidense Barbara Stephenson ‘confirmó al mandatario que no había encontrado ninguna evidencia de la trama’, el embajador panameño en Washington, Jaime Alemán, le aseguró que se habían capturado a tres sospechosos quienes ratificaron que Hugo Carvajal, director de la División de Inteligencia Militar venezolana ‘era el cerebro de la trama’ contra Martinelli.
El ex embajador de EEUU ante la OEA se ratifica al citar que dos de sus socios viajaron a Panamá pocos días después del 7 de enero de 2010, y a uno de ellos el entonces secretario del Consejo de Seguridad, Olmedo Alfaro, le permitió leer las declaraciones de los sospechosos.
Eso va en contravía del fallo que emitió en diciembre de 2010 el Juzgado Tercero Penal de San Miguelito, que dio sobreseimiento al puertorriqueño Isaac Polanco —ya expulsado del país—, al ex agente del Sistema de Protección Institucional, Benjamin Kennion; y su hermano Javier Kennion, al considerar que el secuestro fue inventado por Polanco, para luego obtener dinero de las autoridades policiales a cambio de información.
FUNCIONARIO SE QUEJABA POR ‘FALTA DE APOYO’
Sin embargo, Noriega agrega que sus socios le informaron que Alfaro se ‘quejaba’ de la embajada estadounidense, porque ‘la única respuesta’ que había recibido tras el descubrimiento del complot fue una llamada de un funcionario consular para que le entregase una copia del pasaporte de Polanco ‘para proteger su identidad como ciudadano de Estados Unidos’.
‘No sé si las quejas de Alfaro eran justas pero mi socio me dijo que el funcionario parecía desesperado por ayuda y realmente amargado porque la embajada de EE.UU. no daba un paso’, expone.
La información también contrasta con una filtración de WikiLeaks publicada por el diario Panamá América, que sostiene que Alfaro se negó a recibir ayuda estadounidense ante la amenaza de secuestro.
Noriega concluye en la publicación (disponible en el sitio american.com bajo el título ‘U.S. Diplomats Clueless on Alleged Chávez Plot to Kill the President of Panama’) que su país ‘nunca tomó en serio o nunca será capaz de hacerle frente a la creciente amenaza que significa Chávez’.
Este medio intentó conocer una reacción de la Embajada de Venezuela en Panamá sin lograr una respuesta.
Fallece ‘Flaco Bala’ en Houston, EU
Fallece ‘Flaco Bala’ en Houston, EU
Redacción de prensa.com
internet@prensa.com
LA PRENSA/Archivo
Hernández viajó a Houston (Estados Unidos) el pasado 28 de marzo.
9:03 a.m. - El insigne lanzador santeño Roberto Flaco Bala Hernández murió a la medianoche, luego de padecer de un cáncer de esófago.
El fallecimiento del deportista panameño fue en el Centro Oncológico MD Anderson de Houston, Estados Unidos, donde había sido llevado desde el pasado 28 de marzo para evaluar un tratamiento especializado. Sin embargo, este objetivo no se logró.
Redacción de prensa.com
internet@prensa.com
LA PRENSA/Archivo
Hernández viajó a Houston (Estados Unidos) el pasado 28 de marzo.
9:03 a.m. - El insigne lanzador santeño Roberto Flaco Bala Hernández murió a la medianoche, luego de padecer de un cáncer de esófago.
El fallecimiento del deportista panameño fue en el Centro Oncológico MD Anderson de Houston, Estados Unidos, donde había sido llevado desde el pasado 28 de marzo para evaluar un tratamiento especializado. Sin embargo, este objetivo no se logró.
Proyectos de ejecución social
Proyectos de ejecución social
GUILLERMO ROLLA PIMENTEL*
2011-02-04 El gobierno en su intensiva y a veces precipitada ejecutividad está dando y avanzando en algunas promesas materiales. Eso está muy bien, y corresponde a una formación empresarial. Pero, si también nos acercamos a las necesidades profundas de la población, encontramos que existe una serie de limitaciones sociales y culturales ampliamente conocidas, debatidas y hasta preprogramadas, pero nunca ejecutadas. Aparecen en todos los medios y foros; de allí que, lo que expongo tiene muy poca originalidad. Es la ‘vox populi’, es la calle, el grito de la gente.
1. Hay una percepción general de que existe en la sociedad mucha violencia. No voy a mencionar sus causas económicas y culturales. Pero sí voy a repetir un proyecto conocido: que todas las cuñas y espacios publicitarias lleven junto a su promoción comercial un mensaje educativo. De valores, comportamiento social, cultura, urbanidad, etc. Esto valdría para todos los medios de comunicación masiva. Los canales y sus anunciantes cumplirían con la responsabilidad social de la empresa y los medios elevarían su prestigio ante la sociedad. Los geniales creativos, con el apoyo de profesionales y educadores, cumplirían una función superior. Cierto es que existen canales educativos, pero la educación ya tiene que ser masiva con la participación de todos.
2. Junto a esto: ‘primero es no hacer daño’. Todos los programas que tengan violencia deben ser pasados, después de las 9 p.m. Existen múltiples investigaciones sobre esta materia, y los daños provocados especialmente a los niños y jóvenes.
Por otra parte, inducir a la producción nacional de teatro, cine y TV (INAC) a presentar en forma vivencial panameña los componentes prácticos de valores humanos cotidianos.
3. Se están discutiendo las Reformas Electorales. La gran solución para erradicar la corrupción es disminuir drásticamente el costo de las campañas electorales. No más de tres meses. Que todos los candidatos y partidos tengan un límite bajo, uniforme, de acciones políticas (horas de TV y radio, mítines, caravanas, papeletas, etc.). Todos por igual. El control de estas normas se tomaría de los fondos que el TE da a los partidos.
4. La juventud no conoce nuestra historia. Eso es peligroso, porque podemos caer en el futuro en los mismo errores y volver a perder la libertad. Es preciso que MEDUCA dé esa enseñanza objetiva de los hechos y sus consecuencia; para lo que existe documentación, investigaciones y literatura (Comisión de la verdad).
5. El país se ha estado militarizando, asesorando y armando por USA, por los supuestos riesgo fronterizo del narcotráfico y, aun más, remoto del terrorismo que amenaza a USA. La Constitución eliminó el ejército. Y nuestra soberanía, por la que tanto se ha luchado, no puede permitir interferencias militares de USA en nuestro territorio. Ya desde 1941 el Dr. Arnulfo Arias marcó una posición firme de no aceptar bases militares ni armas nuestras en naves, para garantizar nuestra neutralidad. En 1936 Acción Comunal eliminó del tratado anterior del Canal la cláusula que permitía la intervención armada de USA en Panamá.
Cierto es que Torrijos lo volvió a colocar en sus nuevos tratados, pero no debemos aceptar nunca las enmiendas intervencionistas, porque esas fueron agregadas después del fraudulento plebiscito. Pero en los hechos, ya nos invadieron una vez más y todos sabemos que USA interviene militarmente en todo el mundo para proteger sus intereses. Pero el gobierno no puede aceptarlo voluntariamente.
6. Gran meta del milenio es reducir la mortalidad materna e infantil. Se ha avanzado notablemente. La calidad de la atención médica del país es adecuada, pero hay varios factores que limitan la eficacia. La pobreza y la desinformación que tiene otras soluciones. La otra, la Cobertura. Hay sectores del país especialmente en las comarcas indígenas, donde todavía no llegan los beneficios de la salud preventiva por su gran dispersión. Llevar la atención a esas áreas es una meta. Lo que significa caminos de penetración, giras, apoyo logístico, más personal profesional, entrenamiento a personal local, estructuras, etc. Además del factor cultural. Una salida inmediata a esta situación es instalar albergues prenatales cerca de las maternidades para que las parturientas permanezcan allí en sus días de pre parto, inclusive acompañadas. Hay experiencia internacional sobre esto.
7. Fomentar aun mas el voluntariado especialmente en la juventud En tareas comunales que les resulten entretenidas, dando motivaciones sociales y apoyos materiales. Además los aleja de las drogas.
Las promesas y proyectos deben ser realistas, obedecer a las necesidades y realizar todas las consultas que sean necesarias. La carga emocional es valedera, pero debe seguir una metodología científica que supere ‘los ensayos y error’, en que se pierde tiempo, prestigio y eficacia. Todas estas propuestas casi no requieren inversión económica, pero si participación de la comunidad y los gremios, orientación, tiempo, poder de convocatoria, apoyo de las empresas privadas, buena voluntad, gran sensibilidad social y credibilidad.
Junto a los progresos económicos hay que lograr el valor agregado de la buena calidad de vida ciudadana que eleva el Índice de Desarrollo Humano y las calificaciones internacionales de inversión y turismo. Así vamos hacia un Panamá Mejor.
*MÉDICO Y EX MINISTRO DE ESTADO.
1. Hay una percepción general de que existe en la sociedad mucha violencia. No voy a mencionar sus causas económicas y culturales. Pero sí voy a repetir un proyecto conocido: que todas las cuñas y espacios publicitarias lleven junto a su promoción comercial un mensaje educativo. De valores, comportamiento social, cultura, urbanidad, etc. Esto valdría para todos los medios de comunicación masiva. Los canales y sus anunciantes cumplirían con la responsabilidad social de la empresa y los medios elevarían su prestigio ante la sociedad. Los geniales creativos, con el apoyo de profesionales y educadores, cumplirían una función superior. Cierto es que existen canales educativos, pero la educación ya tiene que ser masiva con la participación de todos.
2. Junto a esto: ‘primero es no hacer daño’. Todos los programas que tengan violencia deben ser pasados, después de las 9 p.m. Existen múltiples investigaciones sobre esta materia, y los daños provocados especialmente a los niños y jóvenes.
Por otra parte, inducir a la producción nacional de teatro, cine y TV (INAC) a presentar en forma vivencial panameña los componentes prácticos de valores humanos cotidianos.
3. Se están discutiendo las Reformas Electorales. La gran solución para erradicar la corrupción es disminuir drásticamente el costo de las campañas electorales. No más de tres meses. Que todos los candidatos y partidos tengan un límite bajo, uniforme, de acciones políticas (horas de TV y radio, mítines, caravanas, papeletas, etc.). Todos por igual. El control de estas normas se tomaría de los fondos que el TE da a los partidos.
4. La juventud no conoce nuestra historia. Eso es peligroso, porque podemos caer en el futuro en los mismo errores y volver a perder la libertad. Es preciso que MEDUCA dé esa enseñanza objetiva de los hechos y sus consecuencia; para lo que existe documentación, investigaciones y literatura (Comisión de la verdad).
5. El país se ha estado militarizando, asesorando y armando por USA, por los supuestos riesgo fronterizo del narcotráfico y, aun más, remoto del terrorismo que amenaza a USA. La Constitución eliminó el ejército. Y nuestra soberanía, por la que tanto se ha luchado, no puede permitir interferencias militares de USA en nuestro territorio. Ya desde 1941 el Dr. Arnulfo Arias marcó una posición firme de no aceptar bases militares ni armas nuestras en naves, para garantizar nuestra neutralidad. En 1936 Acción Comunal eliminó del tratado anterior del Canal la cláusula que permitía la intervención armada de USA en Panamá.
Cierto es que Torrijos lo volvió a colocar en sus nuevos tratados, pero no debemos aceptar nunca las enmiendas intervencionistas, porque esas fueron agregadas después del fraudulento plebiscito. Pero en los hechos, ya nos invadieron una vez más y todos sabemos que USA interviene militarmente en todo el mundo para proteger sus intereses. Pero el gobierno no puede aceptarlo voluntariamente.
6. Gran meta del milenio es reducir la mortalidad materna e infantil. Se ha avanzado notablemente. La calidad de la atención médica del país es adecuada, pero hay varios factores que limitan la eficacia. La pobreza y la desinformación que tiene otras soluciones. La otra, la Cobertura. Hay sectores del país especialmente en las comarcas indígenas, donde todavía no llegan los beneficios de la salud preventiva por su gran dispersión. Llevar la atención a esas áreas es una meta. Lo que significa caminos de penetración, giras, apoyo logístico, más personal profesional, entrenamiento a personal local, estructuras, etc. Además del factor cultural. Una salida inmediata a esta situación es instalar albergues prenatales cerca de las maternidades para que las parturientas permanezcan allí en sus días de pre parto, inclusive acompañadas. Hay experiencia internacional sobre esto.
7. Fomentar aun mas el voluntariado especialmente en la juventud En tareas comunales que les resulten entretenidas, dando motivaciones sociales y apoyos materiales. Además los aleja de las drogas.
Las promesas y proyectos deben ser realistas, obedecer a las necesidades y realizar todas las consultas que sean necesarias. La carga emocional es valedera, pero debe seguir una metodología científica que supere ‘los ensayos y error’, en que se pierde tiempo, prestigio y eficacia. Todas estas propuestas casi no requieren inversión económica, pero si participación de la comunidad y los gremios, orientación, tiempo, poder de convocatoria, apoyo de las empresas privadas, buena voluntad, gran sensibilidad social y credibilidad.
Junto a los progresos económicos hay que lograr el valor agregado de la buena calidad de vida ciudadana que eleva el Índice de Desarrollo Humano y las calificaciones internacionales de inversión y turismo. Así vamos hacia un Panamá Mejor.
*MÉDICO Y EX MINISTRO DE ESTADO.
EL ESPECIAL DE LA ESTRELLA DE PANAMA: TRAGEDIA EN LAS BANANERAS Los fantasmas de Puerto Armuelles
TRAGEDIA EN LAS BANANERAS
Los fantasmas de Puerto Armuelles
Este muelle por donde salían millones de cajas de banano hacia el mundo, hoy es una ruina al borde del derrumbe.
Lo que nunca se dijo sobre las consecuencias sociales de la fumigación en las bananeras: cáncer, esterilidad, ceguera y malformaciones. Una historia perturbadora que evidencia, sobre todo, la ausencia del Estado
CHIRIQUÍ. Puerto Armuelles es ahora un lugar de sombras. Brilla el sol más caliente de este país tropical, pero así y todo, la sensación es de oscuridad, de fría decadencia. La fiebre del oro verde bajó, es cosa del pasado y, de lo que fue, sólo quedan los recuerdos.
La realidad mezcla el desempleo, la marginalidad y la desesperanza. Las personas salen de las casas únicamente para comprar alimentos y para ir al médico. Los enfermos se cuentan a montones. La sensación, en la calle, es la de una sala de espera de hospital.
Este pueblo, a 530 kilómetros de la ciudad capital, es protagonista de un drama colectivo que duerme el sueño de los justos: miles de obreros y sus familias fueron expuestos a agroquímicos altamente tóxicos durante el boom bananero. Años y años en los que ellos mismos, sin saberlo, regaban la muerte sobre sus campos, sus casas y sobre ellos mismos. Ahora, en pleno siglo XXI, recogen el fruto menos deseado: Las flores de la muerte.
LA PESTE
Los afectados, por lo general obreros de las bananeras y sus familiares, llevan una lucha legal de trece años. Buscan que la empresa responsable, la trasnacional Chiquita Brands, pague por lo que aquí se define como un “crimen en masa” o “bombas por hectáreas” o, como prefieren los médicos, “envenenamiento”. Chiquita tenía 18 fincas que rentaban al Estado panameño por un canon mensual de 700 mil dólares. Los afectados buscan que les paguen los tratamientos médicos y también indemnizaciones, interpusieron una demanda ante el juez Mario Juárez, del Circuito Octavo del Ramo Civil de Chiriquí que supera los 42 millones de dólares. Agustín Obando, uno de los demandantes, dice que a la justicia no le tiene ninguna fe.
Este hombre que tiene 55 años pero aparenta muchos más, trabajó durante algunos meses manipulando y realizando el trabajo de fumigar las plantaciones. Roció DBCP o Nemagón. El Estado panameño permitía el uso de este tóxico que apareció en Estados Unidos hacia fines del siglo XIX. Tan viejo como la sustancia son los estudios toxicológicos de los doctores Ted Torkelson, de la empresa Dow Chemical y Charles Hines, de la Universidad de California, que hablan de los daños irreversibles en la salud. En Estados Unidos, está prohibido desde principios del Siglo XX. El Nemagón es altamente persistente y se filtra en los mantos acuíferos donde permanece hasta por 200 años. Los médicos hicieron pruebas con ratas. Demostraron que luego del contacto con dosis bajas de Nemagón tenían crecimiento retardado, daños en los pulmones y riñones y reducción en los testículos. Dosis altas o prolongadas en el tiempo, los reducían a la mitad provocando al esterilidad. Y que en los humanos las consecuencias eran similares. Según reportes de la Red de Acción en Plagicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) en Centroamérica hay unos 26 mil trabajadores estériles a causa de la exposición a estas sustancias.
Cuando Obando entró a Chiquita Brands no sabía nada de esto. Sentía que estaba dando un paso importante en su vida. Finalmente iba a poder estar tranquilo y mantener a su hijo de meses de nacido. Corría el año 76. Obando acaba de cumplir 23.
Al ingresar a la compañía, le hicieron exámenes físicos. Le dijeron que era fuerte como un toro y lo mandaron a fumigar.
Tenía contacto diario con las sustancias tóxicas sin ningún tipo de cuidado ni entrenamiento para su manejo. A los cinco meses renunció. “No aguanté más, me fui porque me sentía mal, con mareos, dolor de cabeza, vómitos y muchas veces quedaba viendo oscurito, cocuyito, me daban convulsiones. Pero yo cometí una tontería de no ir al hospital ni nada de eso. Lo más sencillo fue salirme del trabajo. Pero ya era tarde. De ahí en adelante vinieron mis problemas”. Fueron cinco meses que cambiaron su vida para siempre y que, treinta tres años después, siguen presentes, enturbiándole la vida. Obando entre otras cosas, se volvió esteril y con el tiempo perdió la visión.
Agustín vive sin ver, preso de la ceguera y rodeado de pobreza: dos sofás despellejados, un fogón de leña en el patio, ropa amontonada sobre el otro sillón. Cuenta que la enfermedad le vino de menos a menos, hasta quedar encarcela’o en un ranchito. “Un tipo con las calamidades que yo tengo.. ¿a qué puede aspirar? Hasta la mujer se me fue porque no podía hacer nada”.
El único hijo que tuvo nació un año antes de ingresar a la bananera. “De ahí para acá hasta de engendrar me privaron”, se lamenta. Esto lo comprendió muchos años después por comentarios similares de otros obreros de las fincas, todos preocupados y sin saber porque la infertilidad cundía.
Agustín, desde el pozo de su ceguera y con dos gatos como únicos aliados en esta batalla, culpa al Estado. Lo peor de todo, dice, “es que no hay quien, no hay gobierno, no hay autoridades, no hay amigos, no hay hermanos, no hay nadie que se presente aquí y diga esta es mi mano salvadora. ¡Naaaadie! A veces solamente la fe ciega en Dios me tiene en pie, así como lo oye. Los ciegos envenenados no tenemos presidente, no tenemos patria, no somos hijos de esta patria”, explica con la virulencia de un hombre que no denuncia sino que describe su verdad.
Pese a las prohibiciones de uso en el país fabricante, el gobierno panameño permitía que se rociaran las 3 mil hectáreas sembradas de bananos con químicos como el Nemagón y el Fumazone, dos sustancias que a finales de los 60 hacían estragos en las plantaciones de República Dominicana, Costa Rica, Perú, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Filipinas. En Panamá, según el ex defensor del Pueblo, Ítalo Antinori, esas sustancias se utilizaron hasta entrados los años 90.
LAS TRES CAMISAS
José Vega no está muerto, pero pasa sus horas en el cementerio. Remienda tumbas. Allí, a la sombra de un árbol, repite su historia que en Puerto Armuelles parece la historia de todos. Cuando tenía 15 años ingresó al campo bananero a trabajar los tres meses de vacaciones.
Empezó como barredor que pasó de oficina en oficina hasta aprender todos los trabajos de la empresa. Al final fue encargado de la oficina de Seguridad y Riesgo Laboral.
“Quizás yo tenga algo de químicos en el cuerpo, por la inhalación en 30 años”, dice, pero lo que lo salvó fue un puñado de lecturas.
Mientras que los miles de trabajadores sudaban en las plantaciones, él se interesaba por conocer más de los tóxicos. Supo temprano que todos los químicos que no usaban en Estados Unidos los regaban acá. Levanta la vista, mira el sin fin de cruces, tumbas y gallotes, y luego taconea el piso: “aquí, bajo esta tierra, hay miles de panameños que fueron desbaratados por los tóxicos. Y no importa a nadie. Me tocó ver cientos de casos de enfermos con dolor de cabeza, debilidad, problemas respiratorios, visión borrosa, vómitos, fibrilación de los músculos. La gente decía dale leche, bebe leche, no se tiene que ir al médico”.
Cuarenta años después reconoce que se jugaba con la salud de las personas. La empresa plantaba barreras de árboles ficus y papos a la vera de los caminos, afluentes de agua, y lugares poblados para mitigar el efecto de los vuelos de la muerte. “Cuando uno entraba al bananal le pegaba fuerte en la nariz, pero teníamos que trabajar así lastimosamente”, se lamenta Vega.
Pero no solamente los obreros se bañaban en Nemagón. Vega, que lleva tres camisas para protección hasta cuando sale al parque, recuerda que en Chiquita luego de poner los fertilizantes a los plantones, se regaban para la sigatoka: un insecto que vuela hasta 10 pies de altura. Usaban Ditane, un tóxico que también ponía a temblar a los obreros. También se regó Bravo, pero por ser muy tóxico se cambió, aunque todavía sigue en Honduras, Guatemala y parte de Costa Rica.
A ciencia cierta no se puede decir cuántos son los panameños afectados. Y las muertes que ya nadie investigará seguramente superan las del escándalo de envenenamiento con dietilenglicol. Sí se sabe, que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga al Estado a que garantice a los trabajadores que no sean sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, como la exposición a plagicidas u otras sustancias químicas.
LO QUE MÁS DUELE
Félix Antonio Ríos, es otro de los fumigados de Chiquita Brands. Vive en Progreso, en una casa rodeada de árboles frutales. En una esquina tiene un rancho, donde pasa la mayor parte del tiempo. En ese aposento tiene mesa, silla y butacas. Sobre la mesa hay un maletín de profesor. Habla como si se le atragantaran las palabras.
Lo primero que dice es que se siente culpable de la muerte de su hijo Roberto, de 24 años, de un cáncer en los testículos, cuando era estudiante de la Universidad de Panamá. Aunque le dicen que no se lo tome de esa forma, que no tiene razón, siente que así como le dio la vida a su hijo, también le regó los problemas.
Ríos ingresó con 22 años a las bananeras y fue liquidado a los 51. A simple vista es un hombre saludable, fuerte, pero por dentro lleva un historial clínico que “vuelve loco a cualquiera. A mí me preguntó un gobernador: ¿pero tú qué es lo que no tienes? Yo le dije: yo no quisiera que usted tuviera lo que yo tengo. Desde 1972 me trato por los agroquímicos, pondiéndome vacunas toda las semanas. A mí me pueden dar un millón de dólares y no me compensan los sufrimientos”.
Ríos, hay veces que no puede estar acostado. Ni sentado. Ni parado. Ni puede respirar. “La compañía sabía lo que estaba haciendo porque yo trabajé en el departamento de materiales y ahí fue donde me di cuenta de la clase de canallada que habían hecho con los trabajadores. Se regaba el Fumazone y Nemagón, dos tóxicos que inhalarlo es venenoso, el contacto con la piel es venenoso, la ingesta era sumamente venenoso. Ellos no tomaron las precauciones porque nosotros valíamos muy poco para ellos”.
El trabajo cotidiano funcionaba como cualquier otro. Les decían qué tenían que hacer y ellos lo hacían. Aplicaban las sustancias cinco horas consecutivas, todos los días. Era demasiado cinco horas. La gente la pasaba muy mal, pero en la cadena de producción se ahorraban costos. “Aquí el perjudicado no solamente era el que trabajaba: la persona que lavaba mi ropa y mis hijos que me agarraban cuando yo llegaba contaminado también. Y yo sé también que fui de los que aplicó veneno a la gente. Usted no se imagina lo que eso hace sufrir a uno. Yo fumigaba y a mi hijo Roberto le salió un cáncer”.
Félix, como la mayoría en Puerto Armuelles, se siente abandonado por la ley. Recuerda que cuando entró, el primer examen que le hicieron fue el de la próstata y si lo dejaron trabajar era porque estaba sano. Pero cuando le dieron la patadita y lo echaron, se queja de que nadie se fijó cómo él salía y así pasó con todos los trabajadores.
“Fuimos a la Asamblea en el 2003, hablamos con medio mundo, fuimos traicionados por una persona que negoció nuestras dolencias. Yo no quiero lástima, yo quiero que sean justos. Si a mí, pasado mañana, me dicen que no me toca nada, lo aceptaré porque hay personas más dañadas que yo”.
Como el caso de María Cubillas. Ella es una de las pocas mujeres que se permite hablar sobre el tema, pero antes pone algunas condiciones: que no le tomen fotos ni se le pida bajarse del taxi en el que ha llegado hasta Progreso para esta entrevista, que se realiza adentro del auto. Estamos estacionados frente a un billar en penumbra de donde salen mucho ruido.
SIN SALIDA
Es triste pero es así: la mujer recuerda y llora. Habla con un tono de voz bajito y cortado, que no le va su cuerpo. María es una mujer grande, sin residuos de juventud y la piel rayada por la dermatitis. Así, entre susurros, cuenta que una mañana ella apareció en una finca bananera con cuatro hijas en busca de trabajo y techo. Las dos cosas fueron fáciles de conseguir. Guiada por el deseo de tirar para adelante, por las hijas, firmó su contrato de trabajo. Nunca imaginó que esa decisión acabaría con dos de sus hijas antes de cumplir los 12 y que ella terminaría con asma crónico.
“Ellos trajeron a las bananeras el DBCP o Nemagón, un químico que no se usaba en Estados Unidos y que usaron acá y ese químico le provocó esterilidad a los trabajadores, eso fue lo que dio al traste con los obreros”.
Las tragedias de María son tres. Cuando murió la primera niña, de doce años, de un cáncer, hasta los médicos se extrañaron. María pensaba que la gente que moría de esa enfermedad eran viejos, no niños. Años más tarde murió su segunda hija. De asma. Como la niña estaba en primer año, ella pensaba que era la madrugada lo que le hacía mal, levantarse tan temprano, la brisa fresca del amanecer. El día que le dio la crisis no llegó a tiempo al hospital. Después de la muerte de las niñas María quedó como atontada, fuera del mundo, en medio de una penitencia inhumana. Siguió empacando parte de los 40 millones de cajas de banano que exportaba la empresa cada año. ¿Qué iba a hacer? Cuando su salud se quebró del todo, vino la pelea para que la pensionaran por un cuadro clínico de asma ocupacional. “La empresa quería doblarle el brazo a todo el mundo para no pagar. Al final los médicos se pusieron duros y me pensionaron”.
Antes de emprender el camino de regreso —sin nunca bajarse del carro—, María explica las razones de sus cuidados al hablar. Dice que esto podría dañar el proceso legal, que parece empezar a desperezarse. En agosto pasado la justicia culminó pruebas clínicas a más de 550 afectados.
Parece extraño: el país con mayor crecimiento económico de la región, que se abre a la ampliación del Canal y a la construcción del metro guarda en lo más profundo de su interior heridas que no cicatrizan. Muchos aquí se sienten fantasmas. Invisibles. Olvidados. Sin nadie a quien reclamar y con el cuerpo partido. Hombres, mujeres y niños panameños, quienes han cargado la cruz de la enfermedad a sus espaldas y de por vida. Son los fumigados. Sí, aquí, en el puente del mundo y corazón del Universo.
CHIQUITA Y VENENOSA
La United Fruit Company comenzó sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro en el año 1899, nueve años más tarde que la Snyder Banana Co. iniciase la historia del banano en la provincia. Tras abandonar las plantaciones en Bocas, compró tierras aptas para la producción de banano en la región de Chiriquí (1923 y 1926). La compañía quería utilizar el trazado del Ferrocarril Nacional de Chiriquí —finalizado en 1927— desde Puerto Armuelles (PA) y conformar una unidad de explotación bananera sobre la región fronteriza, que enfrentaba a Costa Rica con Panamá en el plano político y económico, buscaban por el contrato bananero con la UFCo. En 1927 la empresa firmó una concesión por treinta años con Panamá para cultivar banano en el área de Chiriquí, formandose la División de PA, que ha variado de nombre.
CARLOS ATENCIO
El exilio inevitable
Entre 1990 y el 2000, Puerto Armuelles redujo su población a la mitad; mientras en 1990 vivían 46,093 personas, en el 2000, disminuyó a 22,075. La tragedia se consumaría para el 2020, en esa fecha, quizá, desaparezca la población.
La realidad mezcla el desempleo, la marginalidad y la desesperanza. Las personas salen de las casas únicamente para comprar alimentos y para ir al médico. Los enfermos se cuentan a montones. La sensación, en la calle, es la de una sala de espera de hospital.
Este pueblo, a 530 kilómetros de la ciudad capital, es protagonista de un drama colectivo que duerme el sueño de los justos: miles de obreros y sus familias fueron expuestos a agroquímicos altamente tóxicos durante el boom bananero. Años y años en los que ellos mismos, sin saberlo, regaban la muerte sobre sus campos, sus casas y sobre ellos mismos. Ahora, en pleno siglo XXI, recogen el fruto menos deseado: Las flores de la muerte.
LA PESTE
Los afectados, por lo general obreros de las bananeras y sus familiares, llevan una lucha legal de trece años. Buscan que la empresa responsable, la trasnacional Chiquita Brands, pague por lo que aquí se define como un “crimen en masa” o “bombas por hectáreas” o, como prefieren los médicos, “envenenamiento”. Chiquita tenía 18 fincas que rentaban al Estado panameño por un canon mensual de 700 mil dólares. Los afectados buscan que les paguen los tratamientos médicos y también indemnizaciones, interpusieron una demanda ante el juez Mario Juárez, del Circuito Octavo del Ramo Civil de Chiriquí que supera los 42 millones de dólares. Agustín Obando, uno de los demandantes, dice que a la justicia no le tiene ninguna fe.
Este hombre que tiene 55 años pero aparenta muchos más, trabajó durante algunos meses manipulando y realizando el trabajo de fumigar las plantaciones. Roció DBCP o Nemagón. El Estado panameño permitía el uso de este tóxico que apareció en Estados Unidos hacia fines del siglo XIX. Tan viejo como la sustancia son los estudios toxicológicos de los doctores Ted Torkelson, de la empresa Dow Chemical y Charles Hines, de la Universidad de California, que hablan de los daños irreversibles en la salud. En Estados Unidos, está prohibido desde principios del Siglo XX. El Nemagón es altamente persistente y se filtra en los mantos acuíferos donde permanece hasta por 200 años. Los médicos hicieron pruebas con ratas. Demostraron que luego del contacto con dosis bajas de Nemagón tenían crecimiento retardado, daños en los pulmones y riñones y reducción en los testículos. Dosis altas o prolongadas en el tiempo, los reducían a la mitad provocando al esterilidad. Y que en los humanos las consecuencias eran similares. Según reportes de la Red de Acción en Plagicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) en Centroamérica hay unos 26 mil trabajadores estériles a causa de la exposición a estas sustancias.
Cuando Obando entró a Chiquita Brands no sabía nada de esto. Sentía que estaba dando un paso importante en su vida. Finalmente iba a poder estar tranquilo y mantener a su hijo de meses de nacido. Corría el año 76. Obando acaba de cumplir 23.
Al ingresar a la compañía, le hicieron exámenes físicos. Le dijeron que era fuerte como un toro y lo mandaron a fumigar.
Tenía contacto diario con las sustancias tóxicas sin ningún tipo de cuidado ni entrenamiento para su manejo. A los cinco meses renunció. “No aguanté más, me fui porque me sentía mal, con mareos, dolor de cabeza, vómitos y muchas veces quedaba viendo oscurito, cocuyito, me daban convulsiones. Pero yo cometí una tontería de no ir al hospital ni nada de eso. Lo más sencillo fue salirme del trabajo. Pero ya era tarde. De ahí en adelante vinieron mis problemas”. Fueron cinco meses que cambiaron su vida para siempre y que, treinta tres años después, siguen presentes, enturbiándole la vida. Obando entre otras cosas, se volvió esteril y con el tiempo perdió la visión.
Agustín vive sin ver, preso de la ceguera y rodeado de pobreza: dos sofás despellejados, un fogón de leña en el patio, ropa amontonada sobre el otro sillón. Cuenta que la enfermedad le vino de menos a menos, hasta quedar encarcela’o en un ranchito. “Un tipo con las calamidades que yo tengo.. ¿a qué puede aspirar? Hasta la mujer se me fue porque no podía hacer nada”.
El único hijo que tuvo nació un año antes de ingresar a la bananera. “De ahí para acá hasta de engendrar me privaron”, se lamenta. Esto lo comprendió muchos años después por comentarios similares de otros obreros de las fincas, todos preocupados y sin saber porque la infertilidad cundía.
Agustín, desde el pozo de su ceguera y con dos gatos como únicos aliados en esta batalla, culpa al Estado. Lo peor de todo, dice, “es que no hay quien, no hay gobierno, no hay autoridades, no hay amigos, no hay hermanos, no hay nadie que se presente aquí y diga esta es mi mano salvadora. ¡Naaaadie! A veces solamente la fe ciega en Dios me tiene en pie, así como lo oye. Los ciegos envenenados no tenemos presidente, no tenemos patria, no somos hijos de esta patria”, explica con la virulencia de un hombre que no denuncia sino que describe su verdad.
Pese a las prohibiciones de uso en el país fabricante, el gobierno panameño permitía que se rociaran las 3 mil hectáreas sembradas de bananos con químicos como el Nemagón y el Fumazone, dos sustancias que a finales de los 60 hacían estragos en las plantaciones de República Dominicana, Costa Rica, Perú, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Filipinas. En Panamá, según el ex defensor del Pueblo, Ítalo Antinori, esas sustancias se utilizaron hasta entrados los años 90.
LAS TRES CAMISAS
José Vega no está muerto, pero pasa sus horas en el cementerio. Remienda tumbas. Allí, a la sombra de un árbol, repite su historia que en Puerto Armuelles parece la historia de todos. Cuando tenía 15 años ingresó al campo bananero a trabajar los tres meses de vacaciones.
Empezó como barredor que pasó de oficina en oficina hasta aprender todos los trabajos de la empresa. Al final fue encargado de la oficina de Seguridad y Riesgo Laboral.
“Quizás yo tenga algo de químicos en el cuerpo, por la inhalación en 30 años”, dice, pero lo que lo salvó fue un puñado de lecturas.
Mientras que los miles de trabajadores sudaban en las plantaciones, él se interesaba por conocer más de los tóxicos. Supo temprano que todos los químicos que no usaban en Estados Unidos los regaban acá. Levanta la vista, mira el sin fin de cruces, tumbas y gallotes, y luego taconea el piso: “aquí, bajo esta tierra, hay miles de panameños que fueron desbaratados por los tóxicos. Y no importa a nadie. Me tocó ver cientos de casos de enfermos con dolor de cabeza, debilidad, problemas respiratorios, visión borrosa, vómitos, fibrilación de los músculos. La gente decía dale leche, bebe leche, no se tiene que ir al médico”.
Cuarenta años después reconoce que se jugaba con la salud de las personas. La empresa plantaba barreras de árboles ficus y papos a la vera de los caminos, afluentes de agua, y lugares poblados para mitigar el efecto de los vuelos de la muerte. “Cuando uno entraba al bananal le pegaba fuerte en la nariz, pero teníamos que trabajar así lastimosamente”, se lamenta Vega.
Pero no solamente los obreros se bañaban en Nemagón. Vega, que lleva tres camisas para protección hasta cuando sale al parque, recuerda que en Chiquita luego de poner los fertilizantes a los plantones, se regaban para la sigatoka: un insecto que vuela hasta 10 pies de altura. Usaban Ditane, un tóxico que también ponía a temblar a los obreros. También se regó Bravo, pero por ser muy tóxico se cambió, aunque todavía sigue en Honduras, Guatemala y parte de Costa Rica.
A ciencia cierta no se puede decir cuántos son los panameños afectados. Y las muertes que ya nadie investigará seguramente superan las del escándalo de envenenamiento con dietilenglicol. Sí se sabe, que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga al Estado a que garantice a los trabajadores que no sean sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, como la exposición a plagicidas u otras sustancias químicas.
LO QUE MÁS DUELE
Félix Antonio Ríos, es otro de los fumigados de Chiquita Brands. Vive en Progreso, en una casa rodeada de árboles frutales. En una esquina tiene un rancho, donde pasa la mayor parte del tiempo. En ese aposento tiene mesa, silla y butacas. Sobre la mesa hay un maletín de profesor. Habla como si se le atragantaran las palabras.
Lo primero que dice es que se siente culpable de la muerte de su hijo Roberto, de 24 años, de un cáncer en los testículos, cuando era estudiante de la Universidad de Panamá. Aunque le dicen que no se lo tome de esa forma, que no tiene razón, siente que así como le dio la vida a su hijo, también le regó los problemas.
Ríos ingresó con 22 años a las bananeras y fue liquidado a los 51. A simple vista es un hombre saludable, fuerte, pero por dentro lleva un historial clínico que “vuelve loco a cualquiera. A mí me preguntó un gobernador: ¿pero tú qué es lo que no tienes? Yo le dije: yo no quisiera que usted tuviera lo que yo tengo. Desde 1972 me trato por los agroquímicos, pondiéndome vacunas toda las semanas. A mí me pueden dar un millón de dólares y no me compensan los sufrimientos”.
Ríos, hay veces que no puede estar acostado. Ni sentado. Ni parado. Ni puede respirar. “La compañía sabía lo que estaba haciendo porque yo trabajé en el departamento de materiales y ahí fue donde me di cuenta de la clase de canallada que habían hecho con los trabajadores. Se regaba el Fumazone y Nemagón, dos tóxicos que inhalarlo es venenoso, el contacto con la piel es venenoso, la ingesta era sumamente venenoso. Ellos no tomaron las precauciones porque nosotros valíamos muy poco para ellos”.
El trabajo cotidiano funcionaba como cualquier otro. Les decían qué tenían que hacer y ellos lo hacían. Aplicaban las sustancias cinco horas consecutivas, todos los días. Era demasiado cinco horas. La gente la pasaba muy mal, pero en la cadena de producción se ahorraban costos. “Aquí el perjudicado no solamente era el que trabajaba: la persona que lavaba mi ropa y mis hijos que me agarraban cuando yo llegaba contaminado también. Y yo sé también que fui de los que aplicó veneno a la gente. Usted no se imagina lo que eso hace sufrir a uno. Yo fumigaba y a mi hijo Roberto le salió un cáncer”.
Félix, como la mayoría en Puerto Armuelles, se siente abandonado por la ley. Recuerda que cuando entró, el primer examen que le hicieron fue el de la próstata y si lo dejaron trabajar era porque estaba sano. Pero cuando le dieron la patadita y lo echaron, se queja de que nadie se fijó cómo él salía y así pasó con todos los trabajadores.
“Fuimos a la Asamblea en el 2003, hablamos con medio mundo, fuimos traicionados por una persona que negoció nuestras dolencias. Yo no quiero lástima, yo quiero que sean justos. Si a mí, pasado mañana, me dicen que no me toca nada, lo aceptaré porque hay personas más dañadas que yo”.
Como el caso de María Cubillas. Ella es una de las pocas mujeres que se permite hablar sobre el tema, pero antes pone algunas condiciones: que no le tomen fotos ni se le pida bajarse del taxi en el que ha llegado hasta Progreso para esta entrevista, que se realiza adentro del auto. Estamos estacionados frente a un billar en penumbra de donde salen mucho ruido.
SIN SALIDA
Es triste pero es así: la mujer recuerda y llora. Habla con un tono de voz bajito y cortado, que no le va su cuerpo. María es una mujer grande, sin residuos de juventud y la piel rayada por la dermatitis. Así, entre susurros, cuenta que una mañana ella apareció en una finca bananera con cuatro hijas en busca de trabajo y techo. Las dos cosas fueron fáciles de conseguir. Guiada por el deseo de tirar para adelante, por las hijas, firmó su contrato de trabajo. Nunca imaginó que esa decisión acabaría con dos de sus hijas antes de cumplir los 12 y que ella terminaría con asma crónico.
“Ellos trajeron a las bananeras el DBCP o Nemagón, un químico que no se usaba en Estados Unidos y que usaron acá y ese químico le provocó esterilidad a los trabajadores, eso fue lo que dio al traste con los obreros”.
Las tragedias de María son tres. Cuando murió la primera niña, de doce años, de un cáncer, hasta los médicos se extrañaron. María pensaba que la gente que moría de esa enfermedad eran viejos, no niños. Años más tarde murió su segunda hija. De asma. Como la niña estaba en primer año, ella pensaba que era la madrugada lo que le hacía mal, levantarse tan temprano, la brisa fresca del amanecer. El día que le dio la crisis no llegó a tiempo al hospital. Después de la muerte de las niñas María quedó como atontada, fuera del mundo, en medio de una penitencia inhumana. Siguió empacando parte de los 40 millones de cajas de banano que exportaba la empresa cada año. ¿Qué iba a hacer? Cuando su salud se quebró del todo, vino la pelea para que la pensionaran por un cuadro clínico de asma ocupacional. “La empresa quería doblarle el brazo a todo el mundo para no pagar. Al final los médicos se pusieron duros y me pensionaron”.
Antes de emprender el camino de regreso —sin nunca bajarse del carro—, María explica las razones de sus cuidados al hablar. Dice que esto podría dañar el proceso legal, que parece empezar a desperezarse. En agosto pasado la justicia culminó pruebas clínicas a más de 550 afectados.
Parece extraño: el país con mayor crecimiento económico de la región, que se abre a la ampliación del Canal y a la construcción del metro guarda en lo más profundo de su interior heridas que no cicatrizan. Muchos aquí se sienten fantasmas. Invisibles. Olvidados. Sin nadie a quien reclamar y con el cuerpo partido. Hombres, mujeres y niños panameños, quienes han cargado la cruz de la enfermedad a sus espaldas y de por vida. Son los fumigados. Sí, aquí, en el puente del mundo y corazón del Universo.
CHIQUITA Y VENENOSA
La United Fruit Company comenzó sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro en el año 1899, nueve años más tarde que la Snyder Banana Co. iniciase la historia del banano en la provincia. Tras abandonar las plantaciones en Bocas, compró tierras aptas para la producción de banano en la región de Chiriquí (1923 y 1926). La compañía quería utilizar el trazado del Ferrocarril Nacional de Chiriquí —finalizado en 1927— desde Puerto Armuelles (PA) y conformar una unidad de explotación bananera sobre la región fronteriza, que enfrentaba a Costa Rica con Panamá en el plano político y económico, buscaban por el contrato bananero con la UFCo. En 1927 la empresa firmó una concesión por treinta años con Panamá para cultivar banano en el área de Chiriquí, formandose la División de PA, que ha variado de nombre.
CARLOS ATENCIO
El exilio inevitable
Entre 1990 y el 2000, Puerto Armuelles redujo su población a la mitad; mientras en 1990 vivían 46,093 personas, en el 2000, disminuyó a 22,075. La tragedia se consumaría para el 2020, en esa fecha, quizá, desaparezca la población.
OPINIÓN DE LA PRENSA, SABADO 26 DE MARZO 2011
Panamá, sábado 26 de marzo de 2011
OPINION |
ESTILO DE GOBIERNO
¿Imponer o consensuar cambios?
opinion@prensa.com
El Ejecutivo ha generado tal grado de desconfianza, que el representante de la Iglesia –intermediario en el conflicto con los ngäbe buglé– le solicitó poner por escrito la promesa de derogar la ley de minas. A lo que el Presidente, disgustado, señaló que si le creía a los indígenas tenía que creerle a él.
Así las cosas, el Ejecutivo se empeña en imponer reformas a la Constitución. Digo imponer, porque el encomendado para ejecutar la imposición es harto conocido por su simpatía al gobierno de turno, y fue el estratega en la destitución de la procuradora Ana Matilde Gómez.
Frescos en mi memoria política, están los argumentos presentados en la televisión por Ítalo Antinori en defensa de la posición del Ejecutivo encaminada a imponer la destitución de la procuradora. Los correos electrónicos confirman su participación como principal propulsor del aquelarre en el restaurante El Jade, junto a otros personajes, hoy beneficiados con importantes nombramientos.
El domingo, 20 de marzo, en el programa Debate Abierto, ante la argumentación de Rogelio Cruz Ríos, en el sentido de que las reformas a la Constitución debieran ser profundas e incluir temas trascendentales para el futuro de la justicia, como lo son la fórmula para escoger a los magistrados de la Corte Suprema, así como para designar al procurador general de la Nación, el encomendado constitucionalista se encrespó y le reclamó a Cruz por su “negativismo”; le dijo que mirara las cosas con positivismo, en otras palabras: “Si no coincides con mi planteamiento eres negativo y te descalifico”… Si así iniciamos la consulta, distinguido constitucionalista, no nos queremos imaginar a dónde lo conducirá su falta de tolerancia cuando el tema tome calor. Entienda usted, y el Ejecutivo, que no se trata de imponer su interpretación de lo que deben ser las reformas ni de imponer las instrucciones (¿órdenes?) del Ejecutivo. Tampoco se trata de que usted sea el único sabio que pueda redactar y presentar las posibles reformas, como lo hizo en el programa Debate Abierto del domingo. No está usted en posición para descalificar a nadie ni es su trabajo y espero que tampoco sean las órdenes que le impartieron desde el Ejecutivo.
Se trata de escuchar, escuchar y escuchar la voz de quienes consideramos que la Constitución no aguanta un parche más, que desconfiamos de las intenciones del Ejecutivo, porque así nos ha enseñado con sus acciones del pasado reciente. Es hora de un verdadero cambio constitucional, profundo, con la participación de todos: empresarios, estudiantes, trabajadores, indígenas, grupos cívicos, ambientalistas, iglesia, profesores, partidos políticos, abogados, todos con participación igualitaria, sin ventajas para ningún grupo.
Con temas escogidos en referéndum, o solicitar el apoyo de la Iglesia y presentarle ternas por cada profesión o grupo social y que ésta los seleccione. Esto, por complicado que parezca, le da credibilidad a la intención y es mil veces mejor que sea un solo individuo el encomendado, aunque se trate de un constitucionalista como usted, Sr. Ítalo Antinori. No dudábamos de su intelectualidad y capacidad, pero sí de su imparcialidad y tolerancia; principalmente, por la argumentación planteada y por su participación en la arbitraria, ilegal, forzada y políticamente motivada destitución de la señora procuradora.
Queremos cambios que no se limiten a la fórmula de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y del procurador general de la Nación, éstos también debe incluir la fórmula para el nombramiento del procurador de la Administración, el jefe de la Policía, y de todo lo necesario para evitar que en el futuro caigamos nuevamente en una presidencia autoritaria, cuasi dictatorial y sorda.
Las reformas propuestas por el encomendado constitucionalista no eran lo que el futuro del país y la justicia, conurgencia, necesitan… ¿Qué hará el Ejecutivo ante las voces que se levantan preocupadas y desconfiadas, solicitando una constituyente.
La tradición del Ejecutivo de escuchar con oídos sordos, esto sumado a una Asamblea Nacional embozada y teledirigida desde la Presidencia, presagia tiempos de tormenta.
A Julio César le advirtieron que se cuidara de los vientos de marzo y no escuchó…
Así lo percibo, así lo escribo.
LIBRE OPINIÓN
‘El Grito’, jornada que enaltece a la mujer panameña
opinion@prensa.com
En el mes dedicado a la mujer, es justo resaltar el valor que las panameñas de todos los niveles han tenido en la forja de esta Nación. Hace apenas cuatro décadas, mientras que muchos de sus hijos manifestaban temor o aceptación de la dictadura militar, ellas encararon acciones de coraje en la que algunas perdieron la vida. Cuando la represión se hizo más fuerte, no dudaron en comprometerse directamente en la difusión de opiniones libres y llamados por la democracia. Es oportuno hacer énfasis en esta labor que consagra la eficacia de la participación femenina en la recuperación de la democracia.
Pocas veces tenemos la oportunidad de leer trabajos de investigación tan enjundiosos como el realizado por el politólogo Carlos Guevara Mann y la antropóloga Brittmarie Janson Pérez, titulado El Grito: Cuatro años de periodismo femenino clandestino contra la dictadura militar en Panamá (1968-1972), monografía que fue publicada por el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame en noviembre de 2010 (http://nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/373.pdf).
El golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 que derrocó al Dr. Arnulfo Arias Madrid generó una inmediata resistencia en todo el país, caracterizada por protestas violentas y no violentas. En una época donde la represión fue realmente feroz, nació una publicación semanal clandestina denominada El Grito que llenó un vacío producido por el férreo control militar sobre los medios de comunicación.
Este boletín, a manera de panfleto mimeografiado, constituyó una de las formas más perdurables de protesta pacífica. Comprometió a un pequeño grupo de damas de clase media que se convirtieron en sus editoras. La publicación se dio entre 1968 y 1972 bajo extremadas condiciones represivas, por lo que nuestras heroicas damas muy hábilmente pusieron a buen resguardo sus identidades, con tanto éxito que los organismos de investigación de la Guardia Nacional (G-2) nunca pudieron ubicarlas. Aún hoy, algunas de sus integrantes son desconocidas para la mayoría de los ciudadanos.
Durante toda su publicación, El Grito cumplió varias funciones. Sirvió como fuente fidedigna de información, como medio de protesta e instrumento de orientación cívica; fue la respuesta impresa de oposición de más continuidad, en contra del gobierno de facto durante estos cuatro años de brutal represión. Su éxito se debió a una serie de factores entre los que mencionamos su versatilidad en la consecución de información, la veracidad de su contenido que no pocas veces sorprendía a los centros de poder, las diferentes estratagemas utilizadas para su distribución que lo llevaron, incluso, a los despachos de los detentadores del poder.
En lugar de constituirse solo en un vehículo opositor de descalificación, la información contenida en los ejemplares de El Grito era tan confiable, que aún hoy es utilizado como complemento de fuentes históricas tradicionales. Por ejemplo, en uno de sus números señalaba –con nombre propio–, cómo una pariente de Omar Torrijos Herrera estaba envuelta en actos de corrupción en el Ministerio de Educación, habiendo tenido conducta similar cuando ocupó una posición en el Ifarhu durante la administración de Marco Robles (1964-1968), y cobraba tres cheques del Estado. Esta dama era mostrada en los medios controlados por la dictadura, como prototipo de la “eficiencia” y la “decencia” postulados por la revolución.
Después de 39 años de haberse publicado el último ejemplar de El Grito, hago un llamado al Gobierno, al Partido Panameñista como la principal organización política victimizada por la dictadura, y a los distinguidos ciudadanos que se organizaron en la Cruzada Civlista, a que rescatemos del olvido esta jornada patriótica llevada adelante por no más de entre 8 y 10 panameñas, algunas ya desaparecidas. Ellas merecen un reconocimiento de la Nación por su arriesgada rebeldía en aras de mantener viva la llama de la lucha democrática.
La encrucijada del Seguro Social
Con pocos especialistas y una población creciente por atender, el Seguro Social reparte las barajas pero todavía no encuentra la solución ganadora.
La administración de la Caja de Seguro Social (CSS) está en medio de una encrucijada.
Con un déficit de 247 médicos especialistas en todo el país, las autoridades intentan remediar el problema pero la solución parece dilatarse.
Javier Díaz, jefe de Prestaciones Médicas de la CSS, informó en la última conferencia de prensa de la entidad, que la institución “dejó escapar” a 177 especialistas que se formaron en el Complejo Hospitalario, ya que durante cinco años solo se contrató a 46.
“En 2010 contratamos a 105 especialistas, pero aún no nos damos abasto”, agregó el funcionario, porque hay listas de espera de hasta seis meses en algunas especialidades.
Para intentar reducir la mora se ha implementado el programa de “prima de producción”, por el cual se le reconoce un pago extra a los especialistas que trabajen más allá de su jornada habitual. Pero, como dice Díaz, “la prima de producción alivia, pero no soluciona”.
Así las cosas, la CSS anunció en algún momento su intención de contratar a médicos extranjeros, pero la idea no ha calado bien. No entre algunos médicos panameños, al menos.
Tan renuentes están a la idea, que el gremio que los aglutina –la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal)– pidió un plazo de 60 días para entregar una propuesta a la administración que no implique la contratación de extranjeros.
El viejo proyecto del médico de cabecera es otra de las barajas puestas sobre la mesa. El encargado del proyecto, Carlos Abadía, explicó que al menos 40% de las citas con los especialistas son para control o seguimiento, atenciones que bien podrían asumir los médicos de cabecera.
Hasta ahora, el servicio se está brindando en algunos centros de atención primaria (ver tabla) y el objetivo es crear “una relación médico-paciente, en la que el paciente cambie su actitud de buscar consulta cuando se siente mal, para buscarla como parte de un régimen de control”.
A la larga, con este “control” se busca evitar el desarrollo y complicación de las enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes), lo que a su vez disminuiría la carga sobre los especialistas.
Pero la cantidad de médicos generales o internistas también es insuficiente: hay poco más de mil, pero para cubrir la totalidad de la población asegurada (más de 2 millones) se necesitan unos 2 mil 200.
Algunas de las áreas de especialidad más requeridas son cardiología, nefrología, endocrinología y anestesia.
Otras, como ginecología, hay en demasía.
SE ESTUDIA LA EXTENSIÓN DE LA LÍNEA HASTA SAN ISIDRO
El Metro costará $1,800 millones
Se está tomando en cuenta la remoción de servicios públicos, las indemnizaciones y la administración del proyecto. Los ajustes no estaban en el contrato.
AET ELISA TEJERA C.atejera@prensa.com
La primera línea del Metro le costará al Estado unos $1,800 millones de dólares, cifra que refleja un alza de $348 millones respecto al precio que oficialmente se manejaba hasta ayer.
Roberto Roy, secretario ejecutivo del Metro, y Frank De Lima, viceministro de Economía, confirmaron que el costo del proyecto variará por distintas razones: se estudia una extensión de la línea desde Los Andes hasta San Isidro, además de la remoción de los servicios públicos, indemnizaciones, expropiaciones, y la administración del proyecto.
Estos ajustes no están contemplados en el contrato entre el Estado y el consorcio Línea Uno, formado por Odebrecht, FCC y Alstom, que sigue siendo por $1,452 millones. Sin embargo, sí están presentes en los planes del Gobierno.
De hecho, cuando el pasado 15 de marzo la Corporación Andina de Fomento anunciaba la aprobación de un préstamo por $400 millones para la construcción del Metro, indicaba en su nota de prensa que el costo total estimado era de $1,805 millones.
La nueva cifra no incluye la construcción de los patios y talleres del Metro –contrato que debe salir a licitación– ni las posibles alzas por el aumento del precio del petróleo.
IMPACTO GLOBAL EN PROYECTOS LOCALES
Movimientos de un Metro que recién se construye
Por el reordenamiento vial y el Metro, Panamá tendrá que desembolsar $3,300 millones. La cifra, ajustada, podría seguir variando.
| obra. El pasado miércoles se inició oficialmente la construcción del Metro, que estaría funcionando en 2014, cuando se termina la administración Martinelli. LA PRENSA/David Mesa |
atejera@prensa.com
El alza del precio del petróleo deja abierta la posibilidad de que la primera línea del Metro sea más costosa de lo proyectado hasta ahora por el Estado.
El secretario ejecutivo del Metro, Roberto Roy, dijo que las constantes alzas en los precios internacionales del llamado oro negro generan “algo de preocupación”.
El contrato entre el Estado y el consorcio Línea Uno incluye cláusulas de revisión de precios (que pueden ser al alza o a la baja) dependiendo de la evolución del acero, el cemento, el concreto y el diésel.
En la producción de todas estas materias primas incide directamente el petróleo, que ayer cerró en $105 el barril por los riesgos y presiones del Medio Oriente.
En la tarde de ayer el Gobierno reveló que la inversión del Metro se elevará a $1,800 millones, pero esta cifra no considera la construcción del patio de mantenimiento de los vagones, que podría representar otros $60 millones ni las variaciones del petróleo, hasta ahora no cuantificadas.
Roy dijo que estudian todos los elementos que pueden incidir en el desarrollo y precio de la obra. “Y que se pagará por lo que verdaderamente aumente”.
El funcionario cree que la construcción de un nuevo sistema es tan importante para el país, que aunque las cifras vayan en aumento continúan con los estudios para la construcción de la línea dos y tres.
La segunda línea iría desde San Miguelito hasta 24 de Diciembre en Tocumen y tendría un recorrido de 20 kilómetros; mientras que la tercera línea incluiría un recorrido desde Albrook hasta La Chorrera, para lo que se necesitaría un puente o túnel a través del Canal.
Roy habló frente a empresarios extranjeros y locales en un foro de infraestructuras organizado en el marco de la feria comercial Expocomer, que finaliza hoy en el centro de convenciones Atlapa.
El Metro es la principal y más costosa obra de infraestructura gubernamental en marcha, sin incluir en el listado la ampliación del Canal de Panamá por $5,200 millones. Pero no es la única que necesita de grandes inversiones. También está el proyecto de reordenamiento vial a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que costará por ahora $1,500 millones y que también podría verse alterado por los altos costos de todo lo que se produce con petróleo.
I
PRESUPUESTOS Y PROPUESTAS
Elecciones en la UP: más que una disputa académica
La Universidad de Panamá maneja un presupuesto de 167 millones de dólares, y una planilla que ronda los 8 mil empleados.
| Renovación. En las votaciones universitarias se elegirá, además de al rector, los 18 decanos de facultades y los directores de los centros regionales. LA PRENSA/ Archivo |
| Experiencia y docencia HISTORIADOR.Gustavo García de Paredes tiene 72 años. Es licenciado en filosofía y letras de la Universidad de Madrid, España, donde también obtuvo un doctorado en filosofía y letras. Ha dictado cátedra en esa universidad, la Universidad de Panamá, la USMA y la Universidad de Brasil. |
| Innovador y fiscalizador CIENTÍFICO. Eduardo Flores (54 años) es licenciado en física de la Universidad de Panamá y tiene un doctorado en ciencias físicas de la Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, España. Fue decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UP, y es docente de educación media. |
jarcia@prensa.com
La Rectoría de la Universidad de Panamá (UP) está ubicada en el punto más alto del campus central universitario. Al lugar se le llama “La colina”. Desde ahí ha mandado por 14 años (no consecutivos) Gustavo García de Paredes, con un presupuesto de poco más de mil millones de dólares a su disposición.
Ese es el cálculo que hizo Eduardo Flores, candidato a la Rectoría y, por tanto, rival de García de Paredes en las próximas elecciones internas del 29 de junio.
Para Flores, los mil millones de dólares que, según él, ha manejado García de Paredes, es una cantidad suficiente para que la UP esté “en mejores condiciones académicas y de infraestructura” que las actuales.
García de Paredes se defiende y dice que el 90% del presupuesto universitario se va en gastos operativos, que incluyen el pago de la planilla.
Y es que en 2007 la planilla de la UP era de 4 mil 358 empleados, lo que revela que en los últimos cuatro años, con García de Paredes al frente de la entidad, la planilla se ha duplicado.
García de Paredes también hace comparaciones. Dice que la Universidad Autónoma de México (Unam) maneja anualmente un presupuesto de 2 mil 200 millones de dólares, y tiene una matrícula de 150 mil estudiantes. A él le tocó administrar la mitad de esa cantidad en 14 años, con 60 mil alumnos.
Solo este año, la UP tiene un presupuesto de 167 millones 500 mil dólares. Adicional, le ingresan otros 25 millones de dólares por “autogestión”.
Flores postuló su candidatura el pasado miércoles y al día siguiente (jueves) lo hizo García de Paredes. El ex magistrado de la Corte Suprema Edgardo Molino Mola presentará su candidatura el próximo lunes.
Flores y Molino Mola tienen una suerte de pacto: cada uno hará campaña por su cuenta y, dentro de un mes, renunciará a favor del otro, aquel que tenga menos apoyo.
Enquistado en el poder
García de Paredes ha estado en cuatro períodos al frente de la UP. Primero, de 1994 a 1997; se retiró meses antes de que venciera ese primer mandato, para poder correr por su segundo período, que fue de 1997 a 2000.
La ley orgánica de la UP le impidió correr para un tercer período consecutivo, por lo que cedió el paso a Julio Vallarino, rector de 2000 a 2003. Ese año regresó y no se ha marchado más de la Colina.
Las intenciones de García de Paredes para reelegirse una vez más (razón por la que incluso promovió cambios a la ley orgánica) enfrentan la oposición de diferentes grupos, que lo acusan de ejercer presión sobre el electorado universitario: estudiantes, docentes y empleados.
El rector consideró que es algo “absurdo” porque el voto es secreto.
Pero las críticas más fuerte a la gestión de García de Paredes se centran en la parte académica. Tanto Flores como el dirigente estudiantil del Centro Regional de Veraguas Oliver Jiménez consideran que se ha descuidado la calidad de la educación universitaria.
Jiménez se pregunta por qué, hasta la fecha, la UP no cuenta con un centro de investigación que ofrezca información a la sociedad.
Para Flores, la calidad “está de vacaciones”.
“Hay que actualizar los programas de estudio”, agregó. Si gana, pretende poner en marcha el sistema de cuatrimestres –empezando con el turno de la noche–, lo que permitirá que los estudiantes puedan terminar sus estudios en menos tiempo.
Además, quiere “vincular” a la UP con la sociedad, que esta opine sobre los problemas políticos y sociales del país. “¿Por qué la Universidad no ha hecho un pronunciamiento sobre el tema de la minería a cielo abierto?”, se preguntó.
Apoyan reelección
El rector también cuenta con algunos aliados.
Boris Sánchez, del Bloque Popular Universitario, opinó que García de Paredes ha fortalecido la educación universitaria en el interior del país. “Compartimos su proyecto de transformación curricular”, acotó.
Carlos Bichet, del Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria, dijo que primero escuchará las propuestas de los candidatos, antes de definir a quién apoyará. No obstante, consideró que se necesita un dinamismo en la administración de la UP y reformas en los planes de estudios.
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