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Redacción de prensa.com
JOSÉ OTERO
Ernesto Pérez Balladares podría convertirse hoy en el segundo ex presidente de la República en ser llevado a juicio, después que los militares dejaron el poder en 1989, y el quinto gobernante sentado en el banquillo de los acusados en la historia del país.
Sin embargo, de ser acogida la petición de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por el Juzgado Noveno Penal, Pérez Balladares pasaría a ser el primer ex mandatario de Panamá en ser juzgado por blanqueo de capitales.
En febrero de 2000, el hoy fallecido ex presidente Guillermo Endara fue enjuiciado en el Juzgado Quinto Penal de Panamá por el delito de calumnia e injuria, luego de llamarle homosexual en 1996 al entonces director de la Caja del Seguro Social (CSS) y hoy presidente de la República, Ricardo Martinelli.
En una carta pública, Endara responsabilizó a Martinelli de las muertes de 13 pacientes con afección renal recluidos en la sala de hemodiálisis de la CSS. A pesar que Endara fue multado por leer un libro durante la audiencia, resultó absuelto en este proceso.
Los otros tres juicios involucran a presidentes en ejercicio y por tanto fueron realizados por la Asamblea Nacional.
En mayo de 1951, la Asamblea se declaró en sesiones judiciales y –a la par que se derrocaba a Arnulfo Arias por la fuerza lo juzgaba por extralimitación de funciones, lo destituía como Presidente de la República e inhabilitaba para volver a ejercer cargos públicos, aunque fue rehabilitado en la década de 1960.
En enero de 1955, luego del asesinato del presidente José Antonio Remón Cantera, la Asamblea separó del cargo al primer vicepresidente José Ramón Guizado, y luego lo juzgó como supuesto autor intelectual del magnicidio.
Cuando ya había terminado su período en la Presidencia, se juzgó a Rubén Miró, supuesto autor material del crimen, por lo que se liberó a Guizado de su condena.
Finalmente, en mayo de 1968 la Asamblea juzgó y condenó al presidente Marco A. Robles por actos de coacción electoral. Aunque Robles fue destituido por la Asamblea, la Guardia Nacional intervino e impidió llevar a cabo la condena, por lo que terminó su período presidencial y se impuso el candidato opositor de ese entonces, Arnulfo Arias, quien tomó posesión el 1 de octubre de 1968, y 11 días después fue derrocado por los militares.
Envite y azar
Pérez Balladares será llevado a audiencia preliminar hoy, junto con otras 14 personas que fueron vinculadas con transferencias millonarias de dinero procedentes de la sociedad Lucky Games S.A. –beneficiada en 1999 con una concesión del Estado para administrar y operar salas de máquinas tragamonedas– hacia otras empresas que servían, supuestamente, de fachada para blanquear el dinero.
En ese último grupo de sociedades anónimas se encontraba Shelf Holding Inc, de la cual el ex mandatario y su secretaria privada Eyda Achón tenían firma autorizada para movilizar dinero, sin ser parte de su junta directiva. Además, PTY Adventure S.A., Jotas del Mundo S.A., Grupo Granate y Kestel Management Inc.
La investigación se inició el 14 de septiembre de 2009, luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Presidencia de la República detectara una serie de movimientos bancarios sospechosos, ligados con la empresa Lucky Games S.A. y el ex mandatario.
Le correspondió al entonces fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada José Ayú Prado, hoy procurador de la Nación, investigar los motivos por los cuales Lucky Games S.A. transfería sumas millonarias a las otras sociedades.
Durante la pesquisa, los abogados defensores presentaron 25 recursos legales que debieron ser atendidos por los tribunales de justicia.
El 29 de diciembre de 2009, Ayú Prado formuló cargos por blanqueo de capitales a Pérez Balladares y ordenó su arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
A finales de marzo de 2010, la fiscalía modificó las medidas cautelares y le impuso país por cárcel, aunque ese mismo mes Pérez Balladares fue beneficiado con una fianza de excarcelación por un monto de 5 millones de dólares, que nunca consignó.
El 23 de marzo de 2010, el ex mandatario fue indagado y el 6 de octubre la fiscalía remitió al juzgado las conclusiones de su investigación.
Sin embargo, el 25 de noviembre de ese mismo año el juez Diego Fernández concluyó que la vista fiscal estaba incompleta y la devolvió para una ampliación de 17 puntos.
En enero de este año, Marcelino Aguilar asumió como nuevo fiscal contra la Delincuencia Organizada, y un mes después, el 28 de febrero, concluyó las sumarias y las remitió de nuevo al juzgado, que fijo la fecha de hoy para la audiencia preliminar.
En su vista, Aguilar solicitó el llamamiento a juicio para Pérez Balladares y otras 11 personas, y el sobreseimiento provisional para tres más.
Aguilar consideró que tanto el ex presidente como su ex ministro de Vivienda Roosevelt Lito Thayer, y otras nueve personas, no lograron justificar por qué recibieron dinero o firmaron cheques por sumas que sobrepasaron los 20 millones de dólares procedentes de la sociedad Lucky Games.
Al mismo tiempo opinó que Eyda Achón –secretaria privada de Pérez Balladares–, James Tobbiason y Tomás González de la Barrera –firmantes y depositantes de las cuentas investigadas–, actuaron como empleados que cumplían órdenes de Pérez Balladares, y por tanto los eximió de responsabilidad.
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